Autor: ANA MARIA DE LATORRE
Titulo: Mujeres Colombianas Refugiadas en el Ecuador
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INTRODUCCIÓN
La intensificación del conflicto armado en Colombia a partir de la implementación del Plan Colombia en el año 2000, ha tenido efectos directos en los niveles económicos, políticos y especialmente sociales en América Latina. Este escenario afecta social y ambientalmente al Ecuador de una manera directa.
Como resultado del conflicto colombiano, el Ecuador recibe mensualmente cantidades de desplazados colombianos movilizados por el aumento de los enfrentamientos entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército colombiano. La emigración de ciudadanos colombianos es masiva hacia la frontera del Ecuador.
Para poder brindar asistencia a los refugiados colombianos se creó un plan de contingencia, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Iglesia Católica. Sin embargo, los fondos donados para los desplazados no han sido suficientes y los fondos por recibir se han quedado en promesas del Gobierno norteamericano, quien apoya al Plan Colombia. Como resultado, la ayuda a los refugiados es muy limitada al momento de enfrentar las condiciones de inseguridad en las que viven, su ingreso, recepción y asentamiento en el país; así como el escaso acceso a vivienda, alimentos, infraestructura, condiciones sanitarias, salud y educación.
Dentro de este contexto, en el que se brinda asistencia a los refugiados muy poco se ha hecho por las mujeres refugiadas. De por si es un tema muy complicado la asistencia de refugiados en el país por la complejidad de la situación en la que llegan, además de que en Ecuador así como en Venezuela y Panamá no existen campos de refugiados como en otros lugares del mundo. Sin embargo, brindar especial atención a las mujeres refugiadas es una necesidad, ya que generalmente ellas llegan solas y son la cabeza de la familia y necesitan ser empoderadas, tienen derecho a vivir una vida digna, así como su dignidad tiene que ser respetada, deben ser protegidas. Lamentablemente en el país no existe un marco legal ni una política pública con los que se pueda trabajar, en el que prevalezcan los principios, el respeto de los derechos humanos internacionales y de la mujer para así buscar la paz, crear sistemas de convivencia y apoyar a este grupo vulnerable que es la base de la sociedad.
ste ensayo busca entender la situación de las mujeres refugiadas en el Ecuador, así como también comprender el entorno en el que se desarrolla la desigualdad de género para este grupo que es más vulnerable debido a la violencia y discriminación a la que deben enfrentarse.
De igual manera, lo que trataré en este trabajo es describir los procesos que las mujeres viven durante la experiencia de refugio.
1. Antecedentes
Para comprender la realidad en que viven las mujeres colombianas que se encuentran en condición de refugiadas en razón del conflicto político y armado en Colombia se han realizado varios estudios enfocados en la experiencia de las refugiadas que han llegado a Ecuador, específicamente a la Frontera Norte, y de manera especial en la provincia de Sucumbios, en la ciudad de Lago Agrio. Lugar muy cercano a la conflictiva zona del Putumayo colombiano, y donde han llegado gran cantidad de refugiados y refugiadas en los últimos cinco años.
Después de transcurrido el tiempo, surge una pregunta sobre cómo se construye la experiencia del refugio, cómo ésta va definiendo identidades y creando resistencia por la estigmatización y discriminación del que son víctimas los refugiados, refugiadas y solicitantes de refugio. Para entender mejor el contexto en el que se desarrolla esta problemática, es importante mencionar que en el Ecuador existe poca información sobre la población colombiana que ha llegado al país huyendo de la violencia, a pesar de que se trata de un fenómeno de gran importancia, términos estadísticos (el número de solicitudes de refugio se incrementó en un 2.400% entre el 2000 y el 2006) como en lo que tiene que ver con la recepción, protección y asistencia de estas personas y su integración social en el país. La información formal sobre solicitudes de refugio proviene de la base de datos de Cancillería que, sin embargo, no distingue a los y las solicitantes por género, edad ni etnia, lo que resulta en una homogenización de las experiencias y necesidades de la amplia y diversa población colombiana que ha llegado a nuestro país en los últimos años. Esto es preocupante porque ya existe una tendencia a generalizar a colombianos y colombianas que han ingresado a Ecuador bajo estigmas y estereotipos negativos.
En Ecuador se ha visibilizado a las mujeres refugiadas básicamente como “madres refugiadas” y se han propuesto medidas de atención y protección[1]. Mucha de la información se concentra en aspectos muy puntuales de la situación de las mujeres colombianas en Ecuador (situación legal, empleo, salud, etc.) y por lo general se excluye la situación y experiencias de estas mujeres antes de llegar al Ecuador.
Para comprender el contexto de esta problemática es necesario precisar que, durante las últimas décadas la población colombiana y la comunidad internacional hemos visto a una expansión de los escenarios de guerra en el territorio colombiano y a una degradación continua del conflicto. El resultado de esta situación es una crisis humanitaria de grandes proporciones, violaciones masivas a los derechos humanos y el irrespeto a las normas del derecho internacional humanitario[2].
La población civil ha sido objeto de amenazas de muerte, homicidios individuales y colectivos, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, bloqueos económicos y alimentarios, desplazamiento forzado. La responsabilidad sobre estos hechos recae sobre el Estado, la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares.
Un estudio de las tendencias del desplazamiento muestra que éste se intensificó a partir del año 2000, cuando inició con el Plan Colombia, que originó una militarización del escenario colombiano[3], y después, con la ruptura de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y los grupos insurgentes, en febrero de 2002. De igual manera, es importante resaltar el impacto que han causado las fumigaciones con glisofato de cultivos de coca (componente clave del Plan Colombia y su lucha contra el narcotráfico), cuyos efectos negativos han causado un gran impacto en la salud y seguridad alimentaria de la población indígena y campesina[4] de Colombia y Ecuador. A esto se suma la implementación de la política de “seguridad democrática” desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, que “ha contribuido de manera importante a la profundización de la grave crisis de derechos humanos, consolidando un régimen autoritario[5]. Toda esta situación ha llevado a una generalización de la violencia, y se estima que en los últimos cinco años, alrededor de 1.2 millones de colombiano y colombianas han emigrado a otros países, huyendo de la violencia y la persecución o en busca de mejores condiciones para trabajar.
Los gobiernos de los países fronterizos de Colombia, preocupados por evitar que el conflicto colombiano se regionalice han desconocido los efectos del conflicto en su territorio y, de manera particular, a los cientos de inmigrantes y refugiados y refugiadas; siendo el Ecuador el país que mayor acogida brinda a esta población.
2. Consecuencias particulares sobre las mujeres a causa del conflicto
Este conflicto ha transformado la vida de las mujeres en Colombia. Aunque las mujeres colombianas comparten las mismas situaciones de violencia que los hombres colombianos (secuestros, amenazas, asesinatos, desplazamiento forzado, etc.), al mismo tiempo experimentan el conflicto de una manera diferente y enfrentan problemas particulares como son violencia sexual, esterilización o abortos forzados, reclutamiento forzado y se les obliga a realizar tareas domésticas para algún grupo armado. Sin embargo, “la violencia contra las mujeres como parte del conflicto se ha invisibilizado por la cantidad de problemas a los que se enfrenta Colombia”[7].
En lo que se refiere al desplazamiento, se estima que la proporción de mujeres desplazadas por la violencia y la guerra en Colombia fluctúa entre el 49% y el 58% del total de la población desplazada[8]. La mayoría de las desplazadas son menores de edad y de origen rural, muchas de ellas sin documentos de identidad. Además, el 39% de los hogares desplazados están liderados por una mujer[9], de las cuales el 74.6% son viudas o fueron abandonadas durante el proceso de desplazamiento[10]. Esto significa que las mujeres enfrentan el desplazamiento con la responsabilidad de hijos e hijas y ancianos y ancianas. Para mantener a la familia, las mujeres recurren a trabajos temporales, ventas ambulantes, piden limosna o se vinculan a la prostitución.
La situación de las mujeres que buscan refugio fuera de su país es igual. En el caso Colombia, se conoce poco sobre la realidad de refugiados y refugiadas, entre otras razones, porque los flujos masivos de refugiado y refugiadas se iniciaron hace menos de una década y porque este fenómeno ha sido invisibilizado.
La falta de información y conocimiento de este fenómeno del refugio se suma el hecho de que los instrumentos internacionales que contienen los criterios y procedimientos jurídicos para determinar el estatuto de refugiado o refugiada presentan ciertas limitaciones con respecto a las experiencias específicas de las mujeres. Razón por la cual, el ACNUR adoptó en 1991 los Lineamientos para la Protección de las Mujeres Refugiadas y, en 1995, los lineamientos para la Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual contra las Refugiadas.
Es en estas políticas donde se señala que la existencia de pautas que marcan un compromiso de la agencia con las mujeres refugiadas y sus necesidades y, es necesario lograr que su contenido no se limite a la promoción de leyes sobre refugio y, en cambio, se fortalezca la relación entre protección y asistencia. Al mismo tiempo existen limitaciones, como por ejemplo algunos de los lineamientos resultan insuficientes para responder a la explotación sexual, la violencia doméstica, las refugiadas urbanas y las desplazadas. Tampoco se considera que los problemas de protección se den en el conflicto, en el desplazamiento interno y durante la repatriación o el reasentamiento.
En mi opinión, aunque el refugio es un problema político, las experiencias de las mujeres refugiadas no se politizan. Por lo que el debate se sigue moviendo en las esferas del desarrollo. Son los organismos internacionales los que continúan realizando estudios sobre el tema de refugio y poniendo poco interés en la situación de las mujeres en situación de refugio.
Es necesario tomar en cuenta el contexto y las experiencias de las mujeres en Colombia, antes y durante las experiencias de violencia, pues considero que de esta manera se puede entender sus experiencias y percepciones en Ecuador.
En este ensayo hablaré sobre mujeres colombianas que han solicitado refugio al Estado ecuatoriano; mujeres que ya tienen estatus de refugiadas; mujeres a quienes se les ha negado el estatus de refugiadas; mujeres colombianas asentadas en Lago Agrio por efecto del conflicto armado en Colombia, pero que no han solicitado refugio.
La mayoría de mujeres que llegan al Ecuador y se quedan en la frontera norte son de origen campesino y bajo grado de escolaridad (la mayoría tiene primaria incompleta). Tienen entre 17 y 53 años de edad y casi la mitad son jefas de hogar. En su mayoría tienen hijos de 1 a 11, otras están embarazadas.
Es importante analizar la vida de las mujeres antes de los hechos de violencia que motivaron su desplazamiento, cuándo se producen estos hechos y el momento en que deciden cruzar la frontera. En estos tres momentos de su recorrido, hay que intentar conocer sus experiencias de violencia, sus experiencias de resistencia y sus experiencias de refugio. Conocer también sobre el proceso de construcción de sus identidades o las percepciones que estas mujeres tienen sobre sí mismas en los diferentes tramos del recorrido.
3. La normativa internacional del refugio
El concepto de refugio se elabora en el marco de la Guerra Fría. En la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 se incluye por primera vez el concepto de refugio, vigente hasta la actualidad, donde tiene particular peso la persecución política. De acuerdo a la Convención de 1951, es refugiada la persona que:
“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él ”.
Desde la aprobación de la Convención de Ginebra, diversos actores han cuestionado el carácter universal de la definición. Existen cuestionamientos en tanto los sujetos que amparan esta Convención y respecto de las situaciones frente a las cuales las personas necesitan protección. Por ello, algunos instrumentos regionales amplían la definición de refugiado de la Convención de 1951 de manera de incluir realidades específicas.
Tal es el caso de la Convención Africana que regula problemas específicos de los y las refugiado/as en ese continente (1969). De igual manera, y con ocasión de la grave evolución que tomaron los conflictos armados en diferentes países centroamericanos en la década de 1980 y como respuesta a las dimensiones que adquirió el refugio en este continente, en 1984 el “Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados de América Central, México y Panamá, Problemas Jurídicos y Humanitarios” adoptó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. Ambos instrumentos regionales, además de incluir las definiciones de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, amplían las causas que provocan el refugio.
En el caso de la Convención de Cartagena de 1984, se define como refugiado o refugiada a:
“las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.”
Esta definición refleja de mejor manera la realidad que viven colombianos y colombianas a causa del conflicto en ese país.
El Derecho Internacional sobre el refugio se sustenta en dos principios fundamentales: el Principio de la No Devolución y el Principio del Retorno Voluntario. . En virtud de esto, se prohíbe a los Estados que se han adherido a la normativa internacional sobre refugio:
a. Impedir el ingreso al territorio nacional de personas que huyen de su país de origen por causas que dan lugar al refugio.
b. Devolver, expulsar, extraditar o deportar a las personas refugiadas que se hallen en su territorio.
c. Rechazar o colocar al refugiado, en la frontera del territorio donde su vida, libertad o seguridad física peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas, o donde tenga riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Imponer sanciones penales por causa de su entrada o presencia ilegal a los refugiados que hayan entrado o se encuentren en sus territorios sin autorización
El Derecho Internacional de Refugio supone otro principio relacionado con la protección a la permanencia, que consiste en generar unas condiciones esenciales de protección de los derechos humanos de los refugiados en el país de acogida.
La definición del derecho a no ser devuelto a su país de origen no se limita exclusivamente a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a la Declaración de Cartagena, sino a un amplio número de instrumentos internacionales, entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Declaración sobre el Asilo Territorial (1967); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969); Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven (1985).
Sin embargo, es necesario resaltar las dificultades que tienen las mujeres para ser reconocidas como refugiadas, puesto que la persecución de que son objeto surge de formas que no se consideran políticas y por parte de actores distintos al Estado[11].
De hecho, la Convención de Ginebra de 1951 no incluye persecución por razón de sexo o género. Aún cuando la definición intrínsicamente exclusivamente no excluye a las mujeres, Crawley afirma que muchas veces la persecución que han vivido o temen las mujeres no es materia de protección internacional.[12] A pesar de que el derecho internacional, en teoría, es neutral en cuanto al género, en la práctica la distinción se mantiene fuertemente arraigada en el pensamiento del derecho y, de esta manera, determina qué situaciones son relevantes o irrelevantes en materia de protección.
El Comité Ejecutivo de ACNUR ha promovido una lectura comprensiva de la Convención de 1951, a fin de que incluya las situaciones de persecución que afectan a las mujeres de manera específica. En 1985 ACNUR adoptó la Conclusión 39, que invita a los Estados a considerar a las mujeres como grupo social determinado[13], cuando éstas hayan sido objeto de tratos inhumanos por transgredir “las costumbres sociales de la sociedad en la que viven”. En base a esta Conclusión, en 1991 el Comité propone que las mujeres que temen persecución o grave discriminación en razón de su género deben ser consideradas como pertenecientes a un grupo social particular a efectos del reconocimiento del estatuto de refugiada.
Ese mismo año, ACNUR adopta los Lineamientos para la Protección de las Mujeres Refugiadas y en 1995 los lineamientos para la Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual contra las Refugiadas. Algunas legislaciones nacionales han recogido las recomendaciones de ACNUR e incluso han ampliado la definición de refugio en relación a las mujeres.
Sin embargo, en la aplicación tanto de los lineamientos de ACNUR como de las legislaciones nacionales hay dificultades. Frente a lo que constituye persecución -un concepto que es la base para la definición de refugiado pero que no está claramente definido- las mujeres pueden acceder al refugio en lo que constituye sus formas “tradicionales” (tortura, por ejemplo), pero no siempre se toma en cuenta otras formas de agresión contra las mujeres, como la violencia sexual o doméstica.
Ante la ausencia de persecución por género en la Convención de Ginebra, así como en la Convención de Cartagena de 1984, se ha promovido que las mujeres constituyan un subgrupo en la persecución por pertenencia a un grupo social determinado, pues esto podría proporcionar un marco legal para el reconocimiento de estas mujeres como refugiadas. No obstante, con respecto a este punto también hay confusión y tensiones.
Finalmente, es oportuno ubicar los avances en derecho internacional que contribuyen al reconocimiento de la condición de refugio en las mujeres, por persecución que las afecta exclusivamente o en forma desproporcionada. El más notorio es el Estatuto de la Corte Penal Internacional donde se avanzó en una definición de la persecución “más allá del piso previamente aceptado de raza, etnicidad, nacionalidad, religión y política, para incluir la persecución basada en el género así como otras contra otros grupos sociales”[14].
Este Estatuto también codifica como crímenes de guerra y de lesa humanidad la violencia sexual y varias de sus conductas específicas, lo cual también implica un importante avance, porque, hasta hace pocos años, el derecho humanitario abordó la violencia sexual contra las mujeres desde el irrespeto al honor. La aplicación de la Convención no está por sobre los instrumentos de derechos humanos y de derecho humanitario, es decir, su aplicación no puede sustentarse sobre estándares menores que los umbrales establecidos por estos instrumentos.
4. Marco jurídico ecuatoriano y sus repercusiones sobre las y los refugiada/os colombiana/os
La legislación ecuatoriana se acoge a los principios y las normas del derecho internacional de refugiados. El Estado ecuatoriano ha adoptado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como la Declaración de Cartagena de 1984. Ecuador también ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de 1969, y ha incorporado en su legislación buena parte de las disposiciones específicas en materia de asilo y refugio que se incluyen en ese instrumento regional.
Las disposiciones de los instrumentos regionales e internacionales que protegen a refugiados y refugiadas están recogidos en la Constitución Política del Ecuador, que reconoce a los y las extranjero/as el derecho al asilo (artículo 29), y de manera más específica en la Ley de Extranjería de 1971 y su Reglamento de junio de 1986, que regula tanto el asilo político o diplomático como el asilo territorial o refugio.
De igual manera, en 1992 se expidió el Decreto No. 3301 como Reglamento para la Aplicación en el Ecuador de las Normas Contenidas en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967. Este Decreto, además de incluir los contenidos y definiciones de refugiado y refugiada de la Convención de Ginebra, también incorpora la definición más amplia de la Declaración de Cartagena.[15]. Por todas estas razones, la legislación ecuatoriana en materia de refugio ha sido considerada como generosa y de avanzada.
Es importante resaltar que cuando se iniciaron los primeros flujos masivos de refugiado/as colombianos, a finales de la década de 1990, y los países vecinos de Colombia empezaron a recibir gran cantidad de solicitudes de refugio, Ecuador fue el único país que consideró aplicar la Convención de Cartagena, que amplía el régimen de protección a las víctimas de la “violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.” Con este criterio amplio, en el año 2000, el gobierno ecuatoriano consiguió proteger a 994 refugiados bajo el esquema prima facie[16].
A diferencia del Ecuador, Panamá y Venezuela respondieron de manera restrictiva, entre otras razones, por la falta de una legislación adecuada en materia de refugio. Como resultado de este vacío legal y de las políticas restrictivas de los dos gobiernos, un importante número de refugiado/as fue devuelto a su país; algunas de esas personas fueron asesinadas a su regreso a Colombia.
4.1. Desconocimiento de los procedimientos de refugio por parte de las refugiadas
Un problema importante es que las mujeres refugiadas desconocen el derecho a solicitar protección internacional así como los derechos que otorga el estatus de refugiada. Las refugiadas conocieron de los procedimientos de refugio y de las instituciones de atención (ACNUR o su agencia socia) cuando llegaron a Ecuador. Recibieron la información a través de canales informales, por lo general, por medio de otro/as colombianos/a en situación parecida.
Algunas de las mujeres se enteraron de la posibilidad de solicitar refugio cuando había transcurrido demasiado tiempo desde su ingreso a Ecuador y, por tanto, se vieron imposibilitadas de hacerlo. Esto porque la legislación ecuatoriana determina plazos para presentar la solicitud de refugio: hasta 90 días, en caso de tener autorización de permanencia en el país (Tarjeta Andina de Migración), y hasta 30 días en caso de no tenerla.[17]
4.2 Desconocimiento de los derechos de lo/as refugiado/as por parte de las autoridades
De acuerdo a información proporcionada por mujeres refugiadas y de instituciones en Sucumbíos, se puede concluir que las autoridades ecuatorianas están desinformadas de los procedimientos de refugio y de los derechos que tienen las personas refugiadas. Así, por ejemplo, autoridades policiales y encargados del control fronterizo impiden el ingreso de colombianos y colombianas que consideran que no son refugiado/as, asumiendo una autoridad que no les corresponde.
Frente a situaciones como esta, un representante de ACNUR aclara que la policía de migración y otras autoridades que vigilan las fronteras no tienen la potestad para decidir quién es o quién no es un refugiado. “Ni siquiera ACNUR puede tomar esta decisión –señala-. Esta es una potestad de la Comisión de Elegibilidad (presidida por Cancillería), que determina el estatuto de refugiados”.[18] La legislación nacional e internacional en materia de refugio no considera que la falta de documentos de viaje sea un impedimento para el ingreso de un refugiado en un país que no es el suyo, pues se toma en cuenta que, en un contexto de guerra, muchas de las personas afectadas huyen sin pertenencias ni documentos de identidad.
Otro problema que se repite en los relatos de las mujeres es el de lo/as menores de edad colombiano/as que llegan junto a sus padres y madres en condición de refugiado/as, pero no son aceptados en las escuelas y colegios de Ecuador porque carecen de documentos de escolarización. En estos casos, los representantes de instituciones de protección a refugiado/as han utilizado como argumento jurídico el hecho de que niños y niñas tiene derecho a la educación independiente de su nacionalidad y han resaltado que si no se permite que esos menores de edad estudien se estaría violando la Convención de los Derechos del Niño[19].
Otros estudios sobre el tema señalan que un problema frecuente al que se enfrenta la población refugiada colombiana (tanto mujeres como hombres) tiene que ver con los abusos de poder de parte de autoridades ecuatorianas, sobre todo aquellas ligadas al control migratorio. Se trata de prácticas comunes que tienen relación con el desconocimiento de la ley de refugio y actitudes discriminatorias contra la población colombiana.[20]
4.3 Limitaciones en la legislación
La legislación ecuatoriana en materia de refugio, y más concretamente el Decreto Ejecutivo 3301, no solo se interpreta de manera restringida sino que también presenta limitaciones legales para los y las solicitantes de refugio. Según este Decreto, lo/as solicitantes no están autorizado/as a trabajar mientras se resuelve su caso. Las solicitudes de refugio se procesan entre 5 meses y un año, mientras que la asistencia humanitaria que esas solicitantes reciben de parte de ACNUR es por 90 días. De allí que algunos estudios y análisis sobre este tema consideran que lo/as refugiado/as colombiano/as se encuentran en “indefensión jurídica”[21] o que la legislación ecuatoriana no tiene sentido.[22]
Se trata procesar las solicitudes de refugio con mayor agilidad pero el impedimento que tienen los y las solicitantes de trabajar se mantiene. Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores han defendido la necesidad de mantener esa limitación legal, “de lo contrario podría ser un efecto de llamada”[23]; es decir, se teme que una legislación permisiva podría provocar el ingreso de más colombiano/as al país. Sin embargo, también se han dado procesos de discusión entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, donde se ha propuesto modificaciones al Decreto 3301, con el fin de permitir que los y las solicitantes trabajen[24].
5. Obstáculos a los que se enfrentan las mujeres refugiadas
Las mujeres refugiadas que han llegado a la frontera norte viven experiencias particulares. Por ejemplo, llegan mujeres embarazadas y, por tanto, requieren asistencia de salud especial y han tenido que dejar de trabajar. Gran parte de ellas son cabeza de familia y tienen a su cargo varios hijo/as. Sus estrategias de sobrevivencia y las maneras en que son percibidas por la población receptora en Ecuador también indican características particulares y diferenciadas. Además, es importante señalar que la gran mayoría de estas mujeres no salió de Colombia por amenazas personales ni persecución directa sino huyendo de la violencia generalizada.
Se puede decir que existen al menos tres formas de invisibilizar las experiencias particulares que enfrentan las refugiadas colombianas que han llegado a Ecuador. Las dos primeras tienen que ver con limitaciones en la ley de refugio y la tercera con su aplicación.
En primer lugar, la legislación ecuatoriana, especialmente el Decreto Ejecutivo 3301, no incluye una perspectiva de género ni la persecución por razones de sexo o género. En segundo lugar, no existe una definición ni una compresión clara de lo que significa la violencia generalizada, como la que enfrentan muchas mujeres colombianas en situación de refugio, es más, esta definición, incluida en la Declaración de Cartagena, se aplica cada vez menos en la determinación del estatuto de refugiado/a; en cambio, resulta más claro identificar una persecución directa y específica, ejercida por un grupo armado bien definido, como sucede en el caso de muchos hombres refugiados. Por esta razón, las solicitudes de refugio presentadas por mujeres colombianas pueden ser negadas.
Y en tercer lugar, existe incapacidad en los operadores jurídicos (entendidos de manera amplia) para reconocer los efectos diferenciados que el refugio tiene sobre las mujeres en las diferentes etapas de su recorrido, así como la necesidad de ofrecer soluciones diferenciadas a sus necesidades. Esta invisibilización de las mujeres aparece reflejada en la percepción que un representante de una institución de protección de los derechos humanos tiene acerca del refugio. El considera que la protección a la mujer está inmersa en la protección a la familia, que a su vez está encabezada por el esposo. Desde su perspectiva, el problema del refugio es producto de una situación de violencia contra el hombre, que trae como consecuencia que él se movilice con toda su familia. Por tanto, no se considera que existan ni se hace diferencias entre las refugiadas y los refugiados.
Dado que el fenómeno del refugio, en las proporciones en que se está dando desde el año 2000, representa una situación nueva para el Ecuador y para las instituciones encargadas del tema, y además no prevista por el decreto 3301 de 1992, no existen políticas claras al respecto. Representantes de instituciones encargadas de la protección de los refugiados aseguran que “hay un vacío en relación a la atención que se debe dar a las mujeres y niños/as”.[25]
Representantes de Cancillería también indican que en el proceso de elegibilidad y reconocimiento del estatus de refugiado o refugiada, el único criterio con relación a género que se utiliza es el hecho de que si hay una persona, y más concretamente, una mujer que necesita protección inmediata, se intenta tratar ese caso de manera prioritaria. Es decir, se da prioridad por la vulnerabilidad de la persona que solicita refugio. En el resto del proceso no se hace diferencias entre hombres y mujeres. “Los criterios de aceptación se aplican exactamente igual”.[26]
6. Refugiados/as Colombianos/as en Ecuador
Como antecedentes a esta problemática es necesario mencionar que, hasta finales de 1990, el gobierno ecuatoriano recibía pocas solicitudes de y de ellas un porcentaje muy bajo correspondía a ciudadanos y ciudadanas colombianas. Sin embargo, desde el año 2000 las solicitudes de refugio se incrementan considerablemente y gran parte corresponden a colombiana/os que ingresan a Ecuador en razón del conflicto político y armado en Colombia. Así, mientras en el año 2000 las solicitudes de refugio presentadas por ciudadana/os colombiana/os representaron el 76%, en el 2005 llegaron a representar el 99%.
El dramático incremento de solicitudes de refugio por parte de ciudadana/os colombiana/os tiene que ver con la política ecuatoriana de refugio, que es más favorable en comparación con los otros gobiernos fronterizos, pero sobretodo por el deterioro del conflicto interno en Colombia y la generalización de la violencia en ese país. De hecho, los flujos masivos de población refugiada hacia Ecuador coinciden con eventos de violencia en Colombia.
Posteriormente, desde enero del 2002, nuevos escenarios y continuos hechos de violencia han marcado el incremento del flujo de refugiado/as que se asientan de manera más permanente en Ecuador: la ruptura de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC; el gobierno de de Álvaro Uribe y la implementación de una política que introduce nuevos mecanismos de seguridad pero desatiende la situación de derechos humanos[27]; atentados explosivos, secuestros y asesinatos colectivos.
Las personas que llegan a Ecuador buscando protección están huyendo de la violencia generalizada en ese país, persecución o amenazas de grupos armados, reclutamiento forzado y, por los efectos de las fumigaciones. Es indispensable señalar que la mayor parte de la población colombiana que sale de su país en razón del conflicto armado no solicita refugio de manera formal y se mantiene “invisible”, ya sea por desconocimiento del proceso o por temor a ser fácilmente identificables por agentes de persecución colombianos[28].
Autoridades ecuatorianas han señalado que unos 250.000 colombiano/as se encuentran en situación migratoria irregular[29], lo que no les permitiría trabajar legalmente en Ecuador y les expondría a procesos de deportación. En este grupo probablemente se incluyen lo/as refugiados y refugiadas de hecho que no han solicitado protección internacional de manera formal, así como colombianos y colombianas cuyas solicitudes de refugio han sido negadas por Cancillería. En el 2003, un 73% de las solicitudes presentadas por ciudadano/as colombiano/as fueron negadas.[30]
6.1. Destinos y perfiles de los/as refugiado/as
Cuando se iniciaron los flujos masivos de refugiado/as colombiano/as hacia Ecuador, en el año 2000, el fenómeno se concentraba en zonas fronterizas con Colombia y, sobre todo, en la provincia de Sucumbíos. Entonces, la población refugiada procedía principalmente del departamento colombiano del Putumayo y se asentaba básicamente en Lago Agrio.
No obstante, las tendencias en cuanto a los destinos de lo/as refugiado/as han variado rápidamente. Esto puede explicarse por varios factores: desde el año 2002 es posible presentar las solicitudes de refugio en varias ciudades del país; mucho/as colombiano/as que huyen de los agentes de persecución colombianos prefieren estar lejos de las áreas de frontera, y en las áreas urbanas y ciudades grandes de Ecuador hay más posibilidades de encontrar trabajo.
Por las razones arriba mencionadas, actualmente Quito es la ciudad ecuatoriana que más solicitudes de refugio recibe y donde se asienta el grupo más grande de colombianos y colombianas en situación de refugio. Lago Agrio ocupa el segundo lugar. Además, ciudades grandes y del interior del país, como Guayaquil, Ibarra y Cuenca, han comenzado a recibir población refugiada.
Y así como han cambiado los destinos de refugiados y refugiadas colombianas en Ecuador, también han cambiado los lugares de procedencia de estas personas. Mientras en el año 2000 procedían básicamente del Putumayo colombiano, o de otras regiones fronterizas como Nariño, hoy, y debido a la generalización del conflicto y la violencia, se recibe población refugiada procedente de diversos departamentos colombianos, incluyendo áreas urbanas y ciudades grandes como Bogotá.
Las cambiantes tendencias en cuanto a la procedencia y los destinos de la población refugiada en Ecuador evidencian la dinámica y complejidad del refugio colombiano. A esto se suma el hecho de que los perfiles de esta población también son heterogéneos, dependen de las zonas de asentamiento y han variado rápidamente.[31]
Según un funcionario de ACNUR, los perfiles dependen mucho de la región y acompañan un poco la geografía de Ecuador, es decir, se ha encontrado un perfil en la Sierra y otro en la Costa y el Oriente. A la zona del Oriente, sobre todo Lago Agrio, llegan campesinos y campesinas, familias numerosas. En la Sierra, principalmente en Quito, Santo Domingo e Ibarra, el perfil es más variado, pero existe un grupo amplio de profesionales urbanos, comerciantes, propietarios de fincas, además de activistas de derechos humanos y periodistas que han recibido amenazas directas. En la Costa, sobre todo Esmeraldas, existe un perfil semejante al de Sucumbíos[32]. En cambio, se conoce muy poco del perfil de colombiano/as y colombianas en Guayaquil y Cuenca.
6.2 Respuesta del gobierno ecuatoriano
Es reconocido el hecho de que Ecuador es, de los países vecinos de Colombia, el que mejor preparado está para recibir y asistir a la población colombiana que cruza las fronteras en busca de protección internacional.[33] Existe un marco jurídico en materia de refugio y las autoridades ecuatorianas mantienen registros actualizados sobre las solicitudes presentadas por lo/as refugiado/as. No obstante, desde el año 2001 la política del gobierno ecuatoriano frente al fenómeno del refugio colombiano se ha vuelto cada vez más restrictiva y la legislación ha contrastado con los discursos y prácticas de las autoridades ecuatorianas. La inestabilidad económica y política en Ecuador han contribuido para que este fenómeno no sea considerado una prioridad.
Aunque en el año 2000 el gobierno de Ecuador, junto con ACNUR y la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, prepararon el primer Plan de Contingencia para recibir a cientos de refugiado/as colombiano/as que llegaron a Sucumbíos, el fenómeno del refugio se estuvo invisibilizado por varios años.
Hasta mediados del 2003, los gobiernos de Ecuador y Colombia desconocían la existencia de este fenómeno, a pesar de que durante todo ese año la Cancillería ecuatoriana recibió un promedio de mil solicitudes de refugio por mes. Esta invisibilización se hizo evidente en la declaración conjunta que firmaron los dos mandatarios, durante la visita oficial de Álvaro Uribe a Ecuador, en agosto del 2003. Los dos gobernantes se comprometieron a tomar medidas para solucionar el “drama humano que enfrentan las decenas de miles de inmigrantes ecuatorianos y colombianos en situación irregular residentes en las dos Repúblicas” [34], pero no se menciona ni una palabra del tema de lo/as refugiado/as.
El interés de los países vecinos de Colombia frente al conflicto interno en ese país se ha centrado básicamente en el tema de la seguridad. Con este criterio, y preocupados por evitar que el conflicto colombiano ingrese en su territorio, se ha negado la existencia de refugiados y refugiadas o se ha calificado a estas personas como “migrantes ilegales”.
En definitiva, el gobierno ecuatoriano ha puesto especial énfasis en los “controles migratorios” y, siguiendo la política del resto de países vecinos de Colombia, ha resaltado la necesidad de buscar mecanismos para el “retorno voluntario” de los/as desplazado/as colombiano/as que han ingresado al país.
Autoridades ecuatorianas han defendido su política de “control migratorio” bajo el argumento de la “seguridad nacional” y señalando que el Estado ecuatoriano no tiene capacidad ni recursos para recibir y atender más población refugiada. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana han reconocido que, dada la crítica situación socio-económica del Ecuador, el Estado ecuatoriano “debe apelar a la solidaridad internacional, la responsabilidad común y el reparto de la carga como factores determinantes en la protección de lo/as refugiados y la resolución a sus problemas”[35].
6.3 La vida de los/as refugiados/as en el Ecuador
A lo largo de la frontera norte, y de manera especial en la provincia de Sucumbíos, el contexto de pobreza, desatención estatal, limitada oferta laboral para hombres pero sobre todo para mujeres, y población masculina mayoritaria, sumado a un creciente índice de mujeres cabezas de hogar[36], ha hecho que la prostitución y la explotación sexual sean problemas de siempre en Sucumbíos. La investigación sobre “Explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”, de CPM/TCM, realizada en el año 1999-2000, ha demostrado que existe una industria del sexo local estructurada en la provincia, donde Lago Agrio, la capital, es uno de los puntos de triangulación de tráfico y explotación sexual a escala nacional e internacional.
Por lo antes mencionado, se puede decir que Sucumbíos concentra una serie de situaciones complejas: se la considera una zona de seguridad nacional, por ser frontera, y su vecindad con Colombia ha significado un regular y fluido intercambio social, cultural y económico con ese país, pero además una presencia constante de militares de los dos países, así como de grupos armados y narcotraficantes colombianos, que, en la última década, han sido protagonistas de recurrentes enfrentamientos.
La cercanía a la conflictiva zona del Putumayo colombiano también ha significado que la violencia generalizada que se vive en Colombia, en razón del conflicto interno en ese país, se trasladen a Sucumbíos. Por esto, en esa provincia se han registrado homicidios con características de “ejecuciones extrajudiciales” entre narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, además de secuestros a trabajadores de petroleras, atentados contra el oleoducto y “represalias” por decomisos de drogas, armas o gasolina. Sin embargo, muchas de las mujeres asentadas en Lago Agrio consideran que es una ciudad tranquila en comparación con Colombia. “A veces se escuchan disparos, pero no como en Colombia”, dice una de estas mujeres. Al mismo tiempo, muchas de las entrevistadas perciben que la ciudad es igual o más pobre que las zonas de Colombia de donde ellas proceden.
La situación en la provincia se agrava por la puesta en marcha del Plan Colombia, en el año 2000. Se considera que algunos de los efectos de su implementación han sido:
- Incremento de la violencia y la inseguridad. Lago Agrio se ha convertido en el escenario de “ajustes de cuentas” entre los diversos grupos armados
- Mayor militarización y menor participación relativa de la sociedad civil
- Mayor contaminación del medio ambiente y destrucción acelerada del ecosistema por efecto de las fumigaciones de los cultivos ilegales
- Empeoramiento de las condiciones de vida de la población por un decrecimiento de las actividades productivas, sobre todo, la agricultura, el comercio
- Agravamiento de la situación de salud de la población como consecuencia de las aspersiones aéreas con glifosato (enfermedades de la piel, bronquiales y digestivas)
- Incremento del número de mujeres en la prostitución, tanto ecuatorianas como colombianas
En lo que se refiere a la vida cotidiana en Lago Agrio se puede decir que, mientras la señal de televisión ecuatoriana es débil, los canales colombianos se pueden ver durante todo el día. De igual manera, en la ciudad se han multiplicado los restaurantes y panaderías colombianas. Por las calles de Lago transitan comerciantes -colonos y campesinos- junto a militares y trabajadores y técnicos de las petroleras. Son comunes los prostíbulos y barras-bar.
La población refugiada que llega a Lago Agrio está compuesta por familias amplias, de origen rural, campesinos y campesinas con bajos niveles de escolaridad y personas bastante jóvenes. Gran parte de esa población viene del Putumayo colombiano.
Los campesinos y campesinas del Putumayo colombiano que ingresan a Sucumbíos vienen huyendo de la violencia generalizada en Colombia, amenazas de grupos armados, reclutamiento forzado y los efectos de las fumigaciones. La gran mayoría ha tenido que salir únicamente con lo que llevan puesto.
Las respuestas frente a la creciente presencia de población colombiana en el Ecuador no son uniformes y evidencian la complejidad y múltiples respuestas frente al fenómeno. Así como se han dado roces y tensiones entre colombiano/as y ecuatoriano/as por una suerte de “competencia de la pobreza”, también se han dado expresiones de solidaridad con las y los refugiados. Un grupo de la población ecuatoriana considera que Ecuador es una “isla de paz” y que todos los males vienen de fuera, por tanto, son “los otros” (los colombianos) los delincuentes y mafiosos.
De acuerdo a expresiones de las autoridades y representantes de instituciones se puede percibir reacciones diversas e incluso contrapuestas frente a la llegada masiva de colombianos y colombianas. Muchas de estas personas identifican el fenómeno del refugio como un “problema” o al menos como una “preocupación”, porque se liga con la saturación de servicios y el aumento de la inseguridad. Mucho/as de los y las entrevistadas mencionan el Plan Colombia como una causa de este fenómeno. Además, existe incertidumbre y poca claridad frente al fenómeno.
Las autoridades consideran que la solución es el “control”, ya sea a través de la documentación de la/os refugiada/os o medidas contra los “ilegales”. Dirigentes de grupos de mujeres han sugerido una coordinación interinstitucional para compartir información y potenciar recursos, dando una respuesta integral.
Por su parte, las mujeres refugiadas también perciben actitudes diversas de parte de la población ecuatoriana. Muchas relatan experiencias de rechazo y desconfianza, mientras algunas mencionan haber recibido un sitio para vivir o un lugar de trabajo de parte de una amiga ecuatoriana. Las experiencias de las refugiadas en Ecuador y sus percepciones al respecto dependen de los diversos contextos personales y sociales de estas mujeres. De igual manera, los relatos de las refugiadas evidencian que el fenómeno es complejo. Así por ejemplo, la mayoría de las mujeres resaltan la tranquilidad que hay en Ecuador con relación a Colombia. En cambio, muchas de ellas consideran que su situación económica y laboral es peor que en Colombia y, aún así, muchas no quieren o no pueden volver a su país.
7. Experiencias de violencia, resistencia e identidades de las mujeres refugiadas
La gran mayoría de las mujeres refugiadas han estado en constante movimiento durante toda su vida. La violencia y la búsqueda de oportunidades económicas y laborales son las principales causas de estos movimientos. Antes de llegar al Ecuador, la minoría de las mujeres se encontraba en el mismo lugar donde nacieron. El movimiento es generalizado: se mueven de un departamento de Colombia a otro y a distintos puntos dentro de un mismo departamento. Muchas de estas mujeres empezaron a moverse cuando eran niñas, con su familia o con sus madres y hermano/as, porque así como la mayoría de ellas actualmente son cabeza de familia, también un grupo importante proviene de hogares amplios encabezados por mujeres.
Las primeras experiencias de movilidad de las mujeres se deben básicamente a razones económicas. Salieron de sus pueblos natales porque había pobreza y la mayoría se dirigió al Putumayo, dicen que donde “hay plata y trabajo”. Es importante señalar que el Putumayo -ubicado en la Amazonía colombiana- es una zona de colonización y esto implica la posibilidad de tierra y trabajo, producción de hoja de coca y su procesamiento.
Para las mujeres de mayor edad (53, 51, 48 años), sus pueblos y ciudades en Colombia no siempre fueron como ahora. En cambio, las más jóvenes (17, 19, 21 años) parecen haber convivido siempre con el conflicto y la violencia.
En Colombia, gran parte de las mujeres se dedicaba a la agricultura y a la crianza de animales, además de a las labores domésticas y reproductivas. Todas tenían más de un trabajo remunerado: además de cultivar la tierra, algunas lavaban ropa de lo/as vecinos, mientras otras se dedicaban al comercio informal y a las ventas ambulantes (de comida, perfumes, ropa, gallinas, etc.). Algunas mujeres fueron empleadas domésticas (por temporadas largas o cortas).
Algunas de las mujeres refugiadas mencionan muy naturalmente, que una de sus fuentes de subsistencia era el cultivo y el “raspado” (cosecha) de hoja de coca. Algunas aseguran que se mudaron al Putumayo, y no a Bogotá o Cali, justamente por la coca, porque ésta “da dinero y más o menos estabilidad”. Ninguna relaciona la planta de coca con la cocaína.
Parte de las estrategias de sobrevivencia de las mujeres es tener 3 ó 4 actividades remuneradas, levantarse a las cinco de la mañana y acostarse cerca de media noche, es una forma de “rebuscarse la vida”. A parte de sus tareas de ama de casa realizan actividades dentro y fuera de la casa, ya sean éstas remuneradas o no.
La mayoría perciben que su vida en Colombia, antes de las experiencias de violencia, se caracterizaba por una “pobreza digna”. Muchas de ellas vivían en casas propias pero sencillas y sus hijos e hijas iban al colegio.
La mayoría de las mujeres refugiadas tienen muchas características en común (son mujeres colombianas, campesinas, con bajo nivel de escolaridad, mestizas y casi todas con trabajos inestables y en el sector informal), es importante mencionar que no se trata de un grupo homogéneo. Sus edades son variadas y esto marca experiencias y percepciones distintas con respecto al conflicto y la violencia en Colombia. Además, aunque casi todas ellas se asentaron, en algún momento de su vida y por periodos diversos, en el Putumayo, sus lugares de origen corresponden a 9 departamentos distintos de Colombia, tanto de la Sierra como de la Amazonia. Por todo esto, sus experiencias son diversas y particulares, a pesar de que compartan historias comunes de pobreza y violencia.
También es importante señalar que aunque el movimiento parece algo natural para estas mujeres, uno de los resultados de este nomadismo puede ser el despojo. “De tanto moverse una se va quedando sin nada”, comentan.
7.1. Experiencias de violencia y desplazamiento
En conversaciones informales mantenidas con las mujeres refugiadas, la violencia se convierte en algo continuo donde conviven o suceden diferentes tipos de agresiones. Violencia intrafamiliar, amenazas de los grupos armados, venganzas, violencia de parte del Estado. La violencia en razón del conflicto político y armado en Colombia sobresale y se destaca, aunque combinada con otras manifestaciones, según ellas “en Colombia vivimos muchas guerras”.
La violencia provoca el desplazamiento. La mayoría han estado en constantemente movimiento, a veces huyendo de la violencia y otras por razones económicas. Muchas veces huyen para evitar que sus hijos sean reclutados por los guerrilleros y también huyen de los paramilitares.
Contrastando con la descripción poco precisa sobre los actores armados, las refugiadas describen con mucho detalle las experiencias de violencia que vivieron y presenciaron en Colombia. Cuentan que en sus pueblos y ciudades “las balas pasaban silbando”, que se escuchaban disparos y helicópteros, que había mucha gente armada. Cuentan que vieron los muertos “de cerquita”, presenciaron como se llevaban a los hombres, afirman que tenían miedo.
Todas aseguran que han perdido familiares y amigos cercanos a causa del conflicto armado. Algunas perdieron a sus maridos en hechos de violencia, otras hablan de la muerte de hermanos, primos, cuñados, tíos, vecinos o el reclutamiento de algún sobrino. Otras señalan que a sus hijos “los conquistaron los guerrilleros”. Otras recibían amenazas personales por parte de los paramilitares.
Una de ellas cuenta su historia personal, fue amenazada de manera personal -separada, 23 años y con dos niñas tiernas- relata una larga historia de violencia de parte de los paramilitares: primero llegaron a su barrio y exigieron que la gente desocupe el área porque iban a construir trincheras en ese sitio; poco después regresaron a matar a unos hombres, acusándolos de colaborar con la guerrilla; finalmente llegaron por ella.
La mayoría de las mujeres refugiados no han sido directamente perseguidas, sin embargo, todas vivían en un contexto de fuerte violencia. En ese contexto, los grupos armados son “la ley” e imponen su autoridad y reglas de comportamiento. Los actores armados resuelven los problemas públicos y privados de la comunidad. Afirman que “la autoridad en algunos pueblos era la guerrilla de las FARC”, mientras que otras dicen que: “ellos (paramilitares) son la ley, entonces, ellos deciden”. Si faltan alimentos o violencia de pareja, se habla con el “comandante” para que resuelva los problemas. Los grupos armados cortan la distribución de agua y restringen el movimiento de la población civil.
Las normas de comportamiento se imponen sobre las mujeres de manera particular y diferenciada. De ellas se espera un comportamiento apegado a los roles tradicionales y a una determinada moral. Los actos de violencia contra las mujeres se explican, en gran medida, por un comportamiento “inadecuado”, por ejemplo, salir sola por la noche o ser pareja de alguien vinculado a uno de los grupos armados.
Las mujeres intentan respetar las normas de comportamiento que impone su comunidad así como los grupos armados, para diferenciarse de las “mujeres malas” y evitar problemas. De esta manera ratifican los roles tradicionales de género y una moral determinada y restringida para las mujeres.
Es importante mencionar que la maternidad juega un papel esencial en la identidad de las mujeres refugiadas y esto se expresa en las estrategias que ellas asumen frente a la pobreza y la violencia. Casi todas que son madres en su mayoría aseguran que la razón principal por la que salieron de Colombia son sus hijos e hijas. Sus hijo/as lo/as impulsan a actuar. No quieren un ambiente de violencia para ello/as. Unas afirman que: “salí huyendo para salvar la integridad moral y física de mis hijos”; otra dice, “no voy a compartir a mis hijos con ningún grupo armado”, refiriéndose al miedo que siente por el reclutamiento forzado de los jóvenes, por parte de la guerrilla o los paramilitares.
Los relatos de las mujeres refugiadas y las experiencias de violencia van acompañados con estrategias de resistencia. Tomar la decisión de salir de Colombia, abandonando sus tierras y sus pertenencias es también una estrategia de resistencia frente a la violencia. En algunos de casos son los hombres los que toman esta decisión.
La mayoría de los/as refugiados/as no salió de Colombia por amenazas personales ni persecución directa, sino por el miedo y la violencia generalizada. Muchas de las mujeres dicen que fueron “desterradas” por los paramilitares o manifiestan que salieron para evitar el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, la gran mayoría señala varias causas para abandonar Colombia; pero la razón principal fue debido al deterioro del conflicto y la generalización de la violencia en Colombia en los últimos años, muchas ya no consideran que un nuevo desplazamiento interno sea la solución para evitar la violencia o encontrar mejores condiciones de vida.
La experiencia y la violencia se reflejan en el cuerpo de las desplazadas colombianas. La mayoría se queja de males permanentes: gastritis, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza crónico, nervios, pérdida de memoria, cansancio y fatiga por el desplazamiento. Las mujeres vuelven a mencionar los malestares corporales en su experiencia de refugio: problemas dermatológicos y estomacales.
En lo que se refiere a la violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Colombia, ninguna de las mujeres ha manifestado haber sido víctima de hechos de esta naturaleza, sin embargo, conocen sobre de este tipo experiencias perpetrados en contra de terceras personas y por parte de los actores armados.
7.2. La salida de Colombia
Salir de Colombia no fue fácil para las refugiadas principalmente porque algunos grupos armados restringen y controlan el movimiento de la población civil. Por esta razón, muchas de las mujeres salieron en la noche o en la madrugada, sin decir nada a nadie y con muy pocas pertenencias. Las que fueron “desalojadas” o amenazadas directamente salieron durante el día y algunas solo con lo que llevaban puesto.
Las mujeres viajaron hacia Ecuador de las más diversas formas: en bote, en chiva, en camión, unos tramos caminando y otros en bus. La mayoría de las mujeres salieron con sus hijo/as o con otras mujeres (primas, amigas, vecinas, con una nieta o con la mamá).
Es importante señalar que durante la salida de Colombia y a su llegada a Ecuador, las mujeres refugiadas se apoyan fuertemente en redes de familiares y de amigo/as. En algunos casos, los familiares cercanos (cuñados, por ejemplo) proporcionan el dinero para el viaje; en otros, los amigos y amigas comparten información sobre Ecuador (dónde ir, con quién hablar). Más aún, son pocas las mujeres entrevistadas que no mencionan a algún conocido/a o familiar que ya se encuentra asentado/a sobretodo en Sucumbíos (el papá, la mamá, hermanas y hermanos, cuñados, primos, vecinos y vecinas). Estas personas les brindaron apoyo a su llegada al Ecuador: proporcionaron alojamiento, ayudaron a buscar trabajo y les informaron sobre la posibilidad de solicitar refugio.
Aunque las refugiadas se han apoyado mucho en otros y otras colombianas en situación parecida o de sus mismos lugares de procedencia, sus relatos también mencionan a personas ecuatorianas que les han proporcionado alojamiento o les han dado la oportunidad de trabajar. Una refugiada considera que muchos ecuatorianos y ecuatorianas les han ayudado mucho. Aseguran que en el Ecuador viven de diferente manera y realizan actividades distintas a las que estaban acostumbradas a hacer.
Con respecto a la vivienda, la mayoría de las mujeres señala que en Colombia habitaban en casa propia, aunque pobre. En Ecuador, en cambio, la mayoría es arrendataria o vive con familiares y amigo/as; muchas familias viven hacinadas. Muy pocas viven o vivieron en el albergue para refugiado/as cuando recién llegaron a la frontera, una experiencia que se repite con otros grupos de refugiado/as colombiano/as asentado/as en la ciudad y lo cual ha llevado a las organizaciones internacionales de protección a reflexionar sobre los mecanismos tradicionales de la ayuda humanitaria. Según las percepciones de las mujeres, el albergue, al estar lejos del centro de la ciudad, puede resultar peligroso; otras lo consideran “sucio” o “aburrido”.
En lo que se refiere a las actividades remuneradas y no remuneradas que realizan las refugiadas en Ecuador, existe similitud con su experiencia en Colombia en el sentido de que casi todas realizan más de una actividad remunerada, además de las labores domésticas y reproductivas. También se han mantenido algunas de las actividades remuneradas que realizaban en Colombia, y más específicamente el comercio informal y el lavado de ropa.
Algunas señalan que hoy se dedican sobre todo a las labores domésticas en su hogar, porque les resulta difícil encontrar un trabajo pagado. Gran parte de ellas ha sobrevivido con los aportes de organizaciones de ayuda humanitaria y la colaboración de familiares y amigo/as.
Las mujeres refugiadas se quejan de su situación económica en Ecuador pero aseguran que aquí sus hijo/as viven más tranquilos. Toda esta situación hace que la mayoría de las mujeres expresen sentimientos contradictorios y complejos con respecto a su experiencia en el refugio y su vida en Ecuador. Muchas de ellas consideran que su situación económica y laboral es peor que en Colombia y, aún así, muchas no quieren volver a su país.
Es necesario anotar que desplazamiento espacial provoca cambios en las prácticas cotidianas de las mujeres más que en su condición de ciudadanas. El hecho de cruzar la frontera no ha significado para las mujeres cambios trascendentales en su condición de sujetas de derecho. En Colombia la violencia viola sus derechos a la seguridad y la vida. En Ecuador tienen limitaciones laborales, restricciones por su calidad de extranjeras y no conciben el refugio como un derecho.
7.3 El refugio un derecho
Como mencioné anteriormente, las mujeres refugiadas desconocen el derecho a solicitar protección internacional así como los derechos que otorga el estatus de refugiada. A su llegada al Ecuador la mayoría de las mujeres no tenía conocimiento de la existencia del refugio ni sus procedimientos.
Ellas perciben la protección internacional como una “ayuda” y no como un derecho. Muchas valoran los lugares y las personas que “están dando ayuda a los colombianos” y, más concretamente, las raciones de alimentos, los medicamentos, los útiles escolares para sus hijos e hijas. Para ellas la importancia de ser reconocida con el estatuto de refugiada se liga al hecho de obtener documentación, por lo tanto trabajo, o la posibilidad de recibir ayuda de humanitaria; es por estas razones que las mujeres deciden solicitar refugio formalmente.
Las mujeres tienen recelo de registrarse por que tienen miedo de que al registrarse en la Policía de Migración o en ACNUR, los agentes de persecución en Colombia podrán encontrarlas en Ecuador. Algunas no dicen la verdad por el temor de ser encontradas, además en Ecuador, según ellas, los “papeles” los que realmente brindan protección y seguridad. Algunas afirman que tener documentos les protege de la deportación y otras manifiestan que las vuelve “confiables” frente a la población ecuatoriana, que desconfía de lo/as colombiano/as. También valoran los papeles porque les permite moverse dentro de Ecuador.
Al mismo tiempo, de acuerdo a sus percepciones, la falta de documentación aumenta los su vulnerabilidad. Algunas de ellas afirman que no han encontrado trabajo por falta de documentos y cartas de recomendación.
A pesar de la importancia que dan a los “papeles”, es importante señalar que la situación jurídica no es el único factor que influencia la situación y experiencias de las refugiadas colombianas. Las condiciones socioeconómicas del lugar de destino y las percepciones que tiene la población ecuatoriana con respecto al refugio y lo/as refugiado/as colombiano/as son igual de importantes.
De igual manera es importante mencionar que la población ecuatoriana no demuestra una actitud homogénea con respecto a la población refugiada colombiana, se tiende, cada vez más, a estigmatizar a este grupo, relacionándolo con la violencia y la delincuencia. Algunas mujeres aseguran que la población ecuatoriana desconfía de lo/as colombiano/as y mencionan algunos calificativos con los que se define a este grupo: mañosos, delincuentes, dañados, violentos. Por esta razón, para ofrecer un trabajo a un ciudadano/a colombiano/a, no se exige únicamente documentos oficiales (cédula de identidad, carnet de refugiado o refugiada) sino también cartas de recomendación o certificados de honorabilidad.
Por las razones mencionadas, es necesario indicar que la situación laboral y de vivienda de las mujeres no varía significativamente entre solicitantes de refugio, mujeres con estatuto de refugiada y aquellas que no son solicitantes o cuyas solicitudes han sido negadas. Las refugiadas con estatuto reconocido también mencionan a la dificultad de encontrar trabajo o alquilar un lugar para vivir.
Según mi opinión, pienso que es importante preguntarse si existen diferencias en las experiencias de refugio de hombres y mujeres colombianas. En mi experiencia personal del trabajo con los refugiados/as creo que no existe un criterio único al respecto. Muchas refugiadas aseguran que conseguir un trabajo resulta más fácil para un hombre porque no tiene las responsabilidades de los hijo/as, sin embargo, para otras muchas mujeres con hijo/as pequeño/as despiertan “ternura” y por eso mismo se les ofrece pequeños trabajos (lavado de ropa, por ejemplo). Algunas organizaciones consideraran que las mujeres tienen más facilidades porque son menos estigmatizadas que los hombres colombianos.
8. Conclusiones/ Reflexiones
El conflicto armado en Colombia ha tenido diferentes impactos a lo largo del tiempo, siendo el desplazamiento forzado una grave consecuencia. Un importante número de personas han pasado a ser refugiados perdiendo así su identidad, territorios, pertenencias, y colocándolos en una situación de alta vulnerabilidad. Esta situación se ha convertido en un reto para la gobernabilidad, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Es en las zonas fronterizas en donde está presente este fenómeno y dónde estos retos encuentran su mayor expresión. En el caso de Ecuador hablamos de la frontera norte, donde las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos se caracterizan por los altos índices de pobreza, desempleo, falta de infraestructura y contaminación ambiental, lo que dificulta la posibilidad de dar acogida de una forma adecuada a la población que busca refugio.
Dentro de este contexto, el haber escrito este ensayo, para mí, ha sido un punto de partida para entender de una mejor manera la experiencia del refugio en el Ecuador, y de manera especial la experiencia de las mujeres en esta situación, considerando las leyes que se aplican en el país, los derechos humanos y el derecho internacional. Este trabajo ha sido desarrollado en base a mi experiencia de trabajo con los/as refugiados/as, especialmente con mujeres en la frontera norte, específicamente en la provincia de Sucumbíos.
Desde el inicio de mi trabajo con los/as refugiados/as colombianas he tenido la percepción de que aún no se ha incorporado un enfoque de género, el mismo que podría ofrecer una respuesta más integral a esta problemática. El escuchar a las mujeres refugiadas ha sido una experiencia para conocer sus principales necesidades y preocupaciones y analizar como aplicar las leyes para mejorar la protección de sus derechos y su integración a la sociedad. El desplazamiento y refugio han producido muchos cambios en la vida de las mujeres refugiadas, ellas conciben la ayuda humanitaria como un favor y no como un derecho, de ahí que se sienten agradecidas pero quisieran que la ayuda humanitaria sea más amplia.
Lo más importante para las mujeres refugiadas, así como también para los refugiados es la necesidad urgente de tener un lugar de acogida en el momento de llegada al Ecuador, al igual que recibir información y recibir la ayuda humanitaria de emergencia. Después de esta fase su necesidad inmediata es la regularización de sus papeles y poder asegurar su sobrevivencia, esto significa conseguir trabajo o una fuente de ingresos para poder mantener a sus familias.
El acceso al trabajo y a fuentes de ingreso supone el que puedan acceder a micro créditos para que puedan instalar un pequeño negocio que les genere ingresos. En esta misma línea muchas fundaciones e instituciones facilitan, asesoran o implementan proyectos para que las mujeres refugiadas tengan fuentes de generación de ingresos; sin embargo, estas iniciativas deben ser fortalecidas, necesario capacitar a las mujeres en alternativas productivas. Es necesario que los programas que se emprendan sean de carácter integral para que de esta manera los esfuerzos aseguren resultados positivos. Dentro de todos estos esfuerzos también es fundamental dar un efectivo y eficiente apoyo psicológico y emocional, es decir que tengan acceso a este tipo de servicios así como también asegurar que sus hijos/as tengan acceso a la educación y servicios salud. Las/os refugiados/as se ven afectados cuando el acceso a este tipo de servicios está amenazado porque no tienen sus documentos en orden o por falta de documentos que certifiquen los estudios previos realizados.
En lo que se refiere a la posición del Gobierno, en mi opinión, es necesario que éste defina o haga explícito su posicionamiento y sus políticas frente al problema de los solicitantes de refugio y refugiados/as colombianos. Igualmente es necesario elaborar políticas de Estado de acuerdo a las capacidades del país y buscar apoyo internacional en la región. Hasta el día de hoy no existen políticas claras y coherentes con relación a esta situación, puedo hacer referencia a los continuos cambios de disposiciones que se producen en las instancias del Gobierno en lo que se refiere a la exigencia de ciertos documentos como por ejemplo “pasado judicial”. Es fundamental ser coherentes con los compromisos adquiridos por el país en los convenios internacionales sobre derecho humanitario.
De igual manera considero que es indispensable que se deben ampliar y mejorar los servicios básicos en las zonas donde se acogen a la mayor parte de la población refugiada como una tarea del Gobierno y los organismos de apoyo incrementando las inversiones; así sería posible brindar una mejor atención a las necesidades básicas de la población en general, estas acciones podrían tener un impacto positivo en cuanto a evitar actitudes de rechazo e incrementar las ganancias de la comunidad local como resultado de la presencia de la población refugiada. Un ejemplo es que en la provincia de Esmeraldas, se valora el trabajo de la OIM en cuanto al abastecimiento de agua potable, mejoramiento de caminos y espacios de recreación que han beneficiado a todos.
Creo que es importante mencionar, durante el tiempo que trabajo con refugiados/as, que algunas regulaciones vigentes no consideran la realidad en que viven muchas de estas personas ni con el principio de derecho internacional que obliga a los Estados a proteger a quienes se encuentran en situación de refugio.
De igual manera es necesario mejorar y fortalecer el proceso de tramitación de las solicitudes de refugio y la regularización de su estadía, en este sentido se debe permitir a las personas solicitantes de refugio que realicen actividades productivas para su sobrevivencia mientras esperan una respuesta del Gobierno, ya que el tiempo del trámite dura más de 3 meses. Así como poner en práctica un tratamiento especial para las mujeres jefas de hogar como lo estipula la legislación internacional sobre el refugio. También es necesario capacitar y fortalecer a las instituciones judiciales y otras entidades responsables de protección sobre los derechos humanos fundamentales e implementar todas las obligaciones comprendidas en las convenciones internacionales sobre derechos humanos y derecho humanitario suscritas por el país. En este sentido existe la necesidad de coordinar entre todos los actores a nivel nacional, provincial y local para determinar mecanismos efectivos que aseguren el ejercicio de los derechos de los/as refugiados/as.
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ANA MARIA DE LATORRE
ID UM2173BIA5478
Estadísticas de Migración de Colombia en el Ecuador
ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY
2006
Migración Colombiana en el Ecuador
El fenómeno de la migración de colombianos/as en el Ecuador se convierte en un problema de gran importancia para el Gobierno partir del año 2000 con la implementación del Plan Colombia y la intensificación del conflicto armado en Colombia. Cientos de colombiano/as huyen e ingresan al Ecuador por la frontera norte, por las provincias de Carchi (en la sierra), Esmeraldas (en la costa) y Sucumbíos (en la amazonía). Es a partir de esta fecha con la presencia de grandes flujos migratorios que se cuenta con datos estadísticos reales, sin embargo es necesario mencionar que el Gobierno del Ecuador ha sido bastante débil en sus políticas y actividades en lo que se refiere al tema de solicitantes de refugio y refugiados; parte de este problema es el constante cambio de autoridades debido a la constante inestabilidad política del Ecuador (7 presidentes en 10 años). De igual manera es importante mencionar que Ecuador y Colombia son miembros del Pacto Andino, por lo tanto las personas que viajan entre los países que son miembros del Pacto no requieren visa, en este sentido el sistema de control es bastante deficiente.
Hasta el momento se cuenta con pocas estadísticas, y de acuerdo a los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el número de personas que han huido de Colombia hacia el Ecuador y que se han presentado como solicitantes de refugio entre el año 2000 y 2005 asciende a 31.527 personas, de las cuales 9.817 han alcanzado el estatus de refugiado. Esta es una parte de los más de 800.000 ciudadanos colombianos que han cruzado la frontera para llegar a Ecuador en el mismo período, de los cuales se estima, de acuerdo a datos de la Policía de Migración que la mitad permanecen en territorio ecuatoriano.
Ingresos y salidas de colombianos en el Ecuador
2000-2004
| Año | Ingresos | Salidas | Neto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
2000 |
66287 |
8704 |
57583 |
57583 |
2001 |
213011 |
135134 |
77877 |
135460 |
2002 |
194321 |
84791 |
109530 |
244990 |
2003 |
193807 |
93305 |
100502 |
345492 |
2004 |
188490 |
133778 |
54712 |
400204 |
Total |
855916 |
455712 |
400204 |
|
| Sexo | Solicitante de refugio | Refugiado | Total |
|---|---|---|---|
Hombre |
72,1 |
72,3 |
72,2 |
Mujer |
27,9 |
27,7 |
27,8 |
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Edad / Sexo | Hombre | Mujer | Conjunto |
|---|---|---|---|
< 5 años |
17% |
16% |
17% |
5 - 9 años |
14% |
12% |
13% |
10 - 14 años |
16% |
14% |
15% |
15 - 19 años |
9% |
8% |
8% |
20 - 59 años |
42% |
48% |
45% |
Más 60 años |
2% |
1% |
2% |
| Actividad económica | Solicitante de refugio | Refugiado | Total |
|---|---|---|---|
Trabaja |
54,0 |
64,3 |
59,3 |
QQ.DD (Que haceres domésticos) |
3,8 |
3,3 |
3,6 |
No trabaja |
42,2 |
32,3 |
37,1 |
Tiene actividad como fuente de ingresos |
|
|
|
Si |
61,0 |
72,7 |
67,0 |
No |
61,0 |
27,3 |
33,0 |
Actividad económica |
|
|
|
Agropecuaria |
3,4 |
7,3 |
5,6 |
Industria y manufactura |
9,7 |
7,3 |
8,4 |
Comercio |
28,0 |
37,6 |
33,3 |
Servicios |
57,7 |
44,0 |
50,1 |
Otro |
1,1 |
3,7 |
2,5 |
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