.
OBJETIVO
- Analizar
la Teoría General
del Proceso, su alcance en el derecho procesal y sus efectos.-
- Valorar el concepto fundamental
de la materia, acción, pretensión,
jurisdicción,
competencia y proceso.-
- Analizar su dinámica y el
resultado de la misma por medio de nuevos
conceptos revalorizados como la legitimación, la competencia.-
- Aplicar
la Teoría General
del Proceso, a los procesos específicos regulados en los Códigos
procesales.-
DESCRIPCION
El
presente trabajo se efectúa mediante conceptualización y caracterización de
principios y elementos que hacen a la estructura de la materia en estudio.-
El
Derecho Procesal desde el punto de vista de
la Teoría General
del Derecho.
Toda norma jurídica desde el punto
de vista formal reconoce su fundamento de validez en la circunstancia de haber
sido creada por el órgano y de conformidad con el método específico prescripto
por una norma jurídica jerárquicamente superior.-
La
creación de una norma jurídica es el resultado de uno o de varios
procedimientos cumplidos por el órgano del Estado provisto de competencia para
ello. El Derecho Procesal puede ser definido como aquella rama de la ciencia
jurídica que se refiere al proceso en sentido amplio, entendiendo por tal a la
actividad desplegada por los órganos del Estado en la creación y aplicación de
normas jurídicas generales o individuales.
El
Derecho Procesal en Sentido Amplio.
La
disciplina bajo la denominación de Derecho Procesal estudia, por un lado, el
conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un
órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conflictos
jurídicos suscitados entre dos o más personas, o cuando se requiere la
intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde
eficacia, a determinada relación o situación jurídica. Este es el sector más
importante del Derecho Procesal y dentro del cual corresponde ubicar la idea de
proceso en sentido estricto.-
También
forma parte del Derecho Procesal el estudio de actividades vinculadas con la
organización y funcionamiento interno de los órganos judiciales, cuyo objeto
consiste en facilitar el desarrollo de las actividades precedentemente mencionadas.
Dentro de este sector se encuentran comprendidas las diversas funciones de
orden administrativo y reglamentario conferidas a los tribunales de justicia:
designación, remoción, etc. De funcionarios y empleados; expedición de
reglamentos, etc
Contenido
del Derecho Procesal.
Son
notorias las interferencias de aquel con el Derecho Constitucional: sistemas de
designación de los jueces, delimitación de la competencia federal, etc.; y con
el Derecho Administrativo: nombramiento, situación, remoción, etc. de los
funcionarios y empleados judiciales.
Asimismo,
se advierte la existencia de zonas comunes entre el derecho procesal y el
derecho material, como son, entre otras, las referentes a las clases de
acciones, a las pruebas y a la cosa juzgada. Esa circunstancia determinó que se
propusiera el re4conocimiento de categoría intermedia entre ambos derechos,
denominada Derecho Justicia Material, dentro de la cual se incluirían las
normas reguladoras de los presupuestos, contenidos y efectos de la pretensión
de tutela jurídica, cuya característica estaría dada por el hecho de
contemplar, no el proceder del juez, que sería materia exclusiva del derecho
procesal, sino el como de la decisión judicial.
En
general existe acuerdo doctrinario de acordar al Derecho Procesal el estudio de
las siguientes materias:
-
Jurisdicción
y competencia de los órganos judiciales, y régimen jurídico a que se hallan
sometidos los integrantes de estos últimos. También lo concerniente a la
capacidad, designación y recusación de los árbitros y amigables componedores.
-
Régimen
jurídico de las partes y peticionarios y de sus representantes y asistentes. A
este punto se halla vinculado el estudio de la pretensión procesal y de la
petición procesal extracontenciosa, que constituyen, respectivamente, el objeto
de los procesos contencioso y voluntario.
-
Requisitos,
contenido y efectos de los actos procesales y trámite del proceso a través de
los distintos procedimientos que lo integran.
Las Ramas del Derecho Procesal. El Derecho
Procesal Civil.
En el derecho positivo Argentino
solo cabe reconocer a dos tipos de procesos judiciales: el civil y el penal, con
suficiente autonomía como para justificar la existencia de sendas ramas del
Derecho Procesal.
El Derecho Procesal Civil se ocupa
del estudio de todos aquellos procesos cuyo objeto consiste en una pretensión o
petición fundada en el derecho privado, civil y comercial.
Naturaleza y Caracteres del Derecho Procesal.
La doctrina acepta que el Derecho
Procesal se halla emplazado en un ámbito secundario con relación al denominado
derecho sustancial o material. Se arguye, en apoyo de esta tesis que las normas
que regulan el proceso carecen de un fin en si mismas y constituyen solo un
medio para lograr la realización de los intereses tutelados por las normas
sustanciales.
Constituye una rama autónoma de la
ciencia jurídica. Y ello no es así por razones contingentes, según ocurre con
otros sectores del ordenamiento jurídico, sino porque opera dentro de un ámbito
de conductas fundamentalmente distinto del que conceptualizan las normas del
derecho materia
El Derecho Procesal pertenece al
Derecho Público. No obsta ello la circunstancia de que los preceptos aplicables
a las relaciones jurídicas que se controvierten en el proceso civil
correspondan, como regla, al Derecho Privado, por cuanto la inclusión del
Derecho Procesal dentro de aquel cuadro de las disciplinas jurídicas está dada
por la posición preeminente que en el proceso asume el Estado a través de sus
órganos judiciales. Estos, no se hallan al nivel de las partes o de los
terceros, sino por encima de ellos, a quienes pueden imponer, unilateralmente,
la observancia de determinadas conductas.
Las Normas Procesales.
Es sabido que las normas procesales
no se encuentran ubicadas exclusivamente en los códigos de procedimiento en las
leyes sobre organización y competencia de los órganos judiciales. También las
hay en
la
Constitución Nacional
, en los códigos de fondo y en los
ordenamientos jurídicos nacionales y provinciales. De allí que resulte
inapropiado determinar la naturaleza procesal de una norma sobre la base de su
contingente ubicación legal, y que sea necesario para ello, atender a otros
criterios.
La doctrina ha enunciado varios.
Carnelutti
[1]
,
por ejemplo, divide a las normas desde el punto de vista de la finalidad a la
que sirven, en materiales e instrumentales y sostiene que mientras las primeras
componen inmediatamente un conflicto de intereses, imponiendo una obligación y
atribuyendo, eventualmente, un derecho subjetivo; las segundas, componen el
conflicto mediatamente, atribuyendo un poder e imponiendo correlativamente una
sujeción.
Merece destacarse el intento de
diferenciación intentado por Goldschmidt
[2]
:
este parte de la existencia de un derecho justicia, al que se concibe como la
disciplina que tiene por objeto una relación jurídica constituida entre la
justicia estatal y los súbditos y se divide en derecho justicial formal y
material, según que, respectivamente, regule el proceder del juez o el como de
la decisión judicial. Las normas procesales se hallarían incluidas dentro de la
primera categoría, que solo contempla el aspecto formal de aquella relación.
En la experiencia jurídica resultan
difícilmente escindibles tales aspectos formal y material, por cuanto la mayor
parte del proceder judicial se exterioriza a través de decisiones. Es
perfectamente posible discernir entre el como y el que de la decisión y
advertir en consecuencia, que el primero corresponde al derecho procesal,
íntegramente. Por otra parte, las normas procesales concurren, con las llamadas
materiales, a la determinación del contenido de la decisión, bastando pensar para
demostrarlo, en el caso frecuente del litigante que resulta vencido por no
haber ofrecido su prueba dentro del plazo, o por haber sido declarado
negligente en su producción.
La complejidad de la experiencia
jurídica descarta la posibilidad de formular una distinción categórica desde el
punto de vista del funcionamiento de las normas. Pero atendiendo al contenido
de ellas, pueden denominarse normas materiales a las que en razón de mentar el
modo o los modos de ser de la conducta preprocesal de las partes son invocadas
por estas como fundamento de sus pretensiones, peticiones o defensas.
Constituyen normas procesales aquellas que conceptualizan:
-
La
clase de órganos habilitados para intervenir en los procesos, su competencia y
derechos, deberes, etc. de las personas físicas que los integran.
-
La
actuación de dichos órganos, de las partes de los auxiliares de aquellos y de
estas y de los terceros durante el desarrollo del proceso, así como los
requisitos y efectos de los actos
procesales y el orden en que estos deben cumplirse.
-
Como
debe comportarse el órgano judicial o arbitral, en oportunidad de dictar la
sentencia definitiva, para determinar el modo o los modos de ser de la relación
o situación jurídica que provocó el proceso.
En consecuencia, mientras las normas materiales regulan
normalmente el que de la decisión, o sea, el contenido de la sentencia, las
normas procesales determinan el quien y el como de dicho acto, comprendiendo
desde luego, a la actividad que lo procede.
Clasificación de las Normas Procesales
Las normas procesales han sido
clasificadas desde diferentes puntos de vista. Se distingue, por ejemplo, entre
normas orgánicas y normas procesales propiamente dichas, según que,
respectivamente, regulen la organización y competencia de los órganos
judiciales o de los actos del proceso y el desarrollo del procedimiento.
También entre normas procesales formales y materiales: mientras las primeras
regulan las condiciones de forma, tiempo y lugar de los actos procesales, lasa
segundas determinan los requisitos de capacidad y legitimación, el contenido y
los efectos de los actos.
Mayor importancia reviste la
clasificación de las normas procesales en absolutas o necesarias, y
dispositivas o voluntarias. Son absolutas aquellas que deben aplicarse siempre
que concurra el supuesto para el que han sido dictadas, de modo tal que el juez
no puede prescindir de ellas aunque las partes lo pidan de modo concordante.
Son dispositivas aquellas cuya aplicación cabe prescindir, sea por mediar
acuerdo expreso de las partes en tal sentido, sea por la omisión consistente en
no poner de relieve su observancia
Eficacia de las Normas Procesales en
el Tiempo
La materia se halla reservada al
arbitrio del legislador, con la sola limitación derivada de la existencia de
derechos adquiridos. En ausencia de normas reguladoras del régimen intemporal
de las leyes procesales, corresponde formular las siguientes distinciones:
-
Una
ley procesal nueva no puede válidamente aplicarse a aquellos que, a la fecha de
su entrada en vigencia, se encuentran concluidos por sentencia firme.
-
Por
el contrario la nueva ley debe aplicarse a los procesos que se inicien con
posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, prescindiendo del tiempo en
que se constituyeron las relaciones jurídicas sobre que ellos versen. Si, por
ejemplo, una ley modifica, respecto de una determinada relación jurídica, el
tipo de proceso judicial existente a la fecha en que aquella se constituyó, las
partes no podrían invocar el derecho de ser juzgadas con las reglas del tipo
del proceso constituido.
-
Los
procesos en trámite pueden ser alcanzados por la ley nueva, siempre que ello ni
importe afectar a los actos procesales cumplidos, y que han quedado firmes bajo
la vigencia de la ley anterior. Si la nueva ley, por ejemplo, suprime un
recurso, ella puede aplicarse al proceso pendiente en el cual, si bien el
recurso ya ha sido interpuesto, no existe providencia judicial que lo haya
concedido. La aplicación de la nueva ley a los actos procesales cumplidos
afectaría el principio de preclusión, comprometiendo incluso la garantía
constitucional de la propiedad.
El principio enunciado es aplicable tanto a las leyes que
rigen el procedimiento propiamente dicho, como a las leyes modificatorias de la
jurisdicción, y competencia de los órganos judiciales.
En las llamadas disposiciones
transitorias, las leyes procesales suelen disponer que ellas se aplicarán a todos los asuntos que en lo sucesivo se
promuevan y a los pendientes con excepción de los trámites, diligencias y
plazos que hubieran tenido principio de ejecución o comenzado a correr.
Consagran coincidente con el criterio precedentemente enunciado, pues no cabe
hablar de principio de ejecución si no existe una providencia firme o
consentida que constituya el punto de partida de un determinado trámite.
Eficacia de las Normas Procesales en
el Espacio
Las normas procesales se hallan
sujetas al llamado principio de la territorialidad de la ley. Solo tienen
vigencia dentro del ámbito territorial del Estado que las dictó y se aplican
tanto a los procesos íntegramente tramitados ante los órganos judiciales de
este Estado cuanto a las diligencias procesales particulares cumplidas por
aquellos a requerimiento de órganos judiciales extranjeros.
Se rigen por la lex fori la
organización y competencia de los órganos judiciales y los diversos actos
mediante los cuales se constituye, desarrolla y extingue el proceso. El
principio reconoce las siguientes excepciones:
-
En
materia de capacidad de las partes, consagra el principio de que la capacidad o
incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de
la República
será
juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aún actos ejecutados o de
bienes existentes en
la
República.
-
Tanto
las formas del mandato, como el alcance de las facultades que el confiere, se
rigen por la ley del lugar del otorgamiento.
-
En
cuanto a la prueba se debe distinguir la admisibilidad de los medios de prueba,
del procedimiento probatorio. El primer aspecto se halla regido por las normas
vigentes en el lugar en que se llevó a cabo el acto. Es la solución admitida
por el Cód. Civil con respecto a la forma de los actos jurídicos y de los
contratos y debe considerarse extensiva a los medios de prueba en razón de la
íntima conexión práctica existente entre la forma y la prueba de los actos
jurídicos.
-
En
lo que respecta a la aplicación de las leyes extranjeras, cabe recordar que
solo puede tener lugar a solicitud de parte interesada, quien debe además
probar su existencia en la forma que se verá oportunamente.
-
En
materia de oficios entre jueces de
la República
, se hallan en principio regidos por la
lex fori los requisitos de tiempo, lugar y forma de los actos procesales cuyo
cumplimiento se delega a través de aquel medio de comunicación. No así los
requisitos atenientes a la admisibilidad intrínseca y eventual valoración de
dichos actos, que están sujetos a la ley procesal del lugar donde tramita el
juicio, salvo que contraríen manifiestamente el orden público local.-
JURISDICCION
Y COMPETENCIA.
Concepto,
Clasificación y Caracteres de
la
Competencia
:
La extensión del territorio, la
diversa índole e importancia de las cuestiones que se ventilan en los procesos
y la posibilidad de que los asuntos sean examinados en sucesivas instancias,
imponen la necesidad de distribuir el ejercicio de la función judicial de
manera tal que cada órgano o grupo de órganos, cumpla aquella función en forma
compatible con la existencia de las referidas circunstancias. Tal necesidad
determinada la aparición del concepto competencia, a la que cabe definir como
la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer
sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una
determinada etapa del proceso. La competencia es la medida de la jurisdicción.
La competencia puede clasificarse
sobre la base de tres criterios fundamentales: el territorial, el objetivo y el
funcional.
El
criterio territorial se vincula con la circunscripción territorial asignada por
la ley a la actividad de cada órgano judicial.
La
atribución de la competencia territorial contempla fundamentalmente la
proximidad del órgano judicial con el lugar en que se halla ubicado alguno de
los elementos de la pretensión o petición que constituye el objeto del proceso.
El
criterio objetivo atiende a la naturaleza y el monto de las causas, y a el
corresponden la competencia por razón de materia y de valor.
El
criterio funcional toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben
cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo
proceso.
Como
consecuencia del doble orden judicial instituido por nuestra Constitución,
cuadra admitir una primera y fundamental división de la competencia en
ordinaria y federal.
La
competencia puede ser absoluta o relativa, según permita o no ser prorrogada o
renunciada por las partes. Solo el texto de la ley puede servir de pauta válida
para establecer si determinada clase de competencia es o no prorrogable.
El CPN
[3]
solo admite la prórroga de la competencia territorial siempre que se trate de
asuntos exclusivamente patrimoniales, aclarando que si tales asuntos son de
índole internacional la prórroga puede admitirse aúna a favor de jueces
extranjeros o de árbitros que actúen fura de
la República
, salvo
los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o la
prórroga esté prohibida por ley.
La
prórroga de la competencia puede ser expresa o tácita: es expresa cuando las
partes por convenio escrito eligen al juez que de conocer en los litigios que
se sucedan entre ellas con motivo de las obligaciones contraídas ; y es tácita
cuando las partes realizan actos que implican renunciar a la competencia del
juez determinado por la ley.
La
competencia es indelegable.
Art. 3. Indelegabilidad.
La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los
jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.
Los jueces nacionales podrán cometer
directamente dichas diligencias, si fuere el caso, a los jueces de paz o
alcaldes de provincias.
En
lo que concierne a su extensión, la competencia comprende todos los poderes
inherentes a la función judicial, se refieran ellos a la cognición o a la
ejecución. En lo que respecta a la cognición, el juez competente tiene
atribuciones para conocer del objeto principal del pleito, de las excepciones
previas, de la reconvención y, en general, de los incidentes que se promuevan
durante el curso del proceso. En lo que atañe al estadio de ejecución, la
competencia incluye los poderes necesarios para que el juez haga efectivo el
cumplimiento de sus resoluciones.
Oportunidades en que se
Determina
la Competencia
:
Se
determina con arreglo a las normas vigentes en oportunidad de iniciarse el
proceso y atendiendo el estado de cosas existentes en dicha oportunidad. Debe
prescindirse tanto de las normas vigentes en la oportunidad de constituirse la
relación jurídica sobre la que versa el proceso o de producirse los hechos que
configuran la causa de la pretensión, como de los hechos sobrevinientes al
momento de interponerse las demanda.
Debe
estarse, por otra parte, a los elementos integrantes de la pretensión y no al
contenido de las defensas deducidas por el demandado, ya que estas no alteran
el objeto del proceso y solo inciden en la delimitación de las cuestiones
litigiosas.
El
juez tiene, durante el curso del proceso, dos oportunidades para pronunciarse
acerca de su competencia. La primera es la de la presentación de la demanda:
Toda demanda, dice el Art. 4 del CPN, debe interponerse ante juez competente, y
siempre que de la exposición de los hechos resultase no ser de la competencia
del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio.
Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se procederá en la forma
que dispone el Art. 8, es decir, se remitirá la causa al juez tenido por
competente.
A
fin de facilitar un examen más amplio sobre dicho extremo, el Art. 337 expresa
que si no resultare claramente de ellas (las demandas) que son de su
competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto. Tal
declaración de oficio no corresponde en el caso de la competencia territorial,
pues esta puede ser prorrogada de conformidad de partes siempre que se trate de
controversias de exclusivo carácter patrimonial. El Art. 4 del CPN lo aclara.
Art. 4.
Declaración de incompetencia. Toda demanda deberá interponerse ante juez
competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la
competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de
oficio.
Consentida o
ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por
competente.
En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá
la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio.
La
segunda oportunidad corresponde al momento en que el juez debe resolver la
excepción de incompetencia, CPN Art. 347, que el demandado puede oponer como de
previo y especial pronunciamiento dentro de los primeros 10 días del plazo para
contestar la demanda o la reconvención en el proceso ordinario, Art. 346, y
juntamente con el cumplimiento de esos actos en el proceso sumario, Art.
488. El CPN establece que una vez firme
la resolución que desestima la excepción de incompetencia, ni las partes podrán
argüir la incompetencia en lo sucesivo, ni los jueces se hallan habilitados
para declararla de oficio, Art. 352. Solo se exceptúa de esa regla la
incompetencia de la justicia federal, que puede ser declarada por
la Corte
cuando interviene en
instancia originaria y por los jueces federales con asiento en las provincias
en cualquier estado del proceso, lo cual se explica en virtud del carácter
limitado que reviste la competencia federal.
La
limitación del Art. 352 del CPN no rige en la justicia de trabajo, cuyos
tribunales tienen decidido, fundados en el carácter de orden público y de
excepción que reviste la competencia laboral, que se hallan habilitados para
declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso.
Art.
352. Efectos de la resolución que desestima la excepción de
incompetencia. Una vez firme la resolución que desestima la excepción de
incompetencia, las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo.
Tampoco podrá ser declarada de oficio.
Exceptúase
la incompetencia de la justicia federal, que podrá ser declarada por
la Corte Suprema
cuando
interviniere en instancia originaria, y por los jueces federales con asiento en
las provincias, en cualquier estado del proceso
Competencia Ordinaria.
Competencia
por Razón del Territorio:
La
competencia por razón del territorio ha sido regulada tanto por el Cód. Civil
como por las leyes procesales, que establecen distintas reglas atendiendo a la
circunstancia de que en el proceso se hagan valer derechos personales o reales.
Cuando
se trata de pretensiones reales, el CPN regula la competencia territorial
distinguiendo según que aquellas se ejerzan sobre bienes inmuebles o sobre
bienes muebles.
El
juez competente cuando se ejercitan pretensiones reales sobre bienes inmuebles,
el del lugar donde está situada la cosa litigiosa, si fueran varias o una sola
pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, el del lugar de
cualquiera de ellas o de alguna de sus partes. No concurriendo tal
circunstancia será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a
elección del actor. La misma rige tratándose de pretensiones posesorias,
interdictos, restricción y límites del dominio y división de condominio; Art. 5
del CPN.
La
vigencia del principio forum rei sitae, parte de la suposición de que el juez
del lugar en que el bien inmueble se encuentra es el que en mejores condiciones
se halla para resolver el conflicto en razón de su
proximidad con las pruebas
Cuando
son pretensiones sobre bienes muebles es juez competente el del lugar donde se
encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor; Art. 5 CPN.-
La
opción que se acuerda al actor obedece a la facilidad con que las cosas muebles
pueden transportarse y a la circunstancia de que, generalmente, se encuentran
en el domicilio del demandado. Si la pretensión versa sobre bienes muebles e
inmuebles conjuntamente, es juez competente de acuerdo con la norma mencionada,
el del lugar en que están situados estos últimos.
Cuando
se deducen pretensiones personales es competente el juez del lugar donde deba
cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los
elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del
domicilio o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en
el, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación
;Art. 5 del CPN.
Constituye
principio general que la competencia se determina por el lugar que las partes
han elegido para el cumplimiento de sus obligaciones, principios que concuerda
con las razones de comodidad de los litigantes en que primordialmente se funda
la competencia territorial, y con las reglas establecidas por los Art. 101 y
102 del Cód. Civil.
Rige
tal principio pero solamente cuando se ha designado expresamente el lugar de
cumplimiento de la obligación, sino también cuando el resulta implícitamente
establecido en el contrato, siendo función de los jueces, en este caso,
interpretar la voluntad de los contratantes en tal sentido, sobre la base de
los elementos aportados al proceso.
Consagra
también la regla del forum solutionis el Cód. Civil, Art. 1215 y 1216.
Art. 1215. En todos los contratos
que deben tener su cumplimiento en
la República
, aunque el deudor no fuere domiciliado,
o residiere en ella, puede, sin embargo, ser demandado ante los jueces del
Estado.
Art.
1216. Si el deudor tuviere su domicilio o residencia en
la República
, y el
contrato debiese cumplirse fuera de ella, el acreedor podrá demandarlo ante los
jueces de su domicilio, o ante los del lugar del cumplimiento del contrato,
aunque el deudor no se hallase allí.
A
falta de un lugar expresa o implícitamente convenido para el cumplimiento de la
obligación, el CPN resuelve el problema de la competencia asignándole al juez
del lugar del domicilio del demandado, solución que reconoce fundamento en una
razón de justicia como es la de evitar las molestias y perjuicios que
generalmente entraña substraer a aquel de sus jueces propios, cuando aún no se
ha declarado la procedencia de la pretensión deducida por el actor.
El
actor puede optar entre el juez del domicilio del demandado y el juez del lugar
donde el contrato se celebró, siempre que el demandado se encuentre en el,
aunque se accidentalmente. Basta la simple habitación en el lugar, aún con
carácter accidental, que es la nota que define a la residencia en los términos
del Art. 92 del Cód. Civil. La falta de domicilio fijo del deudor, finalmente,
autoriza a demandarlo en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.
El
CPN contempla la competencia en el supuesto de deducirse pretensiones
personales derivadas de delitos y cuasidelitos y la asigna al juez del lugar
del hecho o al del domicilio del demandado, a elección del actor.
Con
respecto a las pretensiones personales en general, establece el principio según
el cual cuando sean varios los demandados, y se trate de obligaciones
solidarias o indivisibles, es juez competente el del domicilio de cualquiera de
ellos, a elección del actor.
El
código regula supuestos específicos de pretensiones personales de contenido
patrimonial, como son las rendición y aprobación de cuentas, cobro de
impuestos, tasas y multas, etc.
En
las pretensiones de rendición de cuentas, es juez competente el del lugar donde
estas deben presentarse. La misma regla es aplicable a la pretensión por
aprobación de cuentas, con la salvedad de que si no se encuentra especificado
el lugar donde estas deben presentarse, puede ser también juez competente el
del lugar del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor.
En
las pretensiones fiscales por cobro de impuestos, tasas y multas, y salvo
disposición en contrario, la competencia corresponde al juez del
lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección,
inscripción o fiscalización al del lugar en que deban pagarse o al domicilio
del deudor, a elección del actor.
Cuando
se interponen pretensiones derivadas de las relaciones societarias, es juez
competente el del lugar del domicilio social inscripto, y si la sociedad no
requiere inscripción el lugar de domicilio fijado en el contrato
; en su defecto, tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del
lugar de la sede social.
En
materia de pretensiones relativas al estado civil y a la capacidad de las
personas, el Art. 277 del Cód. Civil, hizo perder virtualidad al Art. 5 del
CPN, en tanto dispone que las pretensiones de separación personal, divorcio
vincular y nulidad, así como las que versen sobre los efectos del matrimonio,
deben intentarse ante el juez del último domicilio conyugal efectivo o ante el
del domicilio del cónyuge demandado.
En
los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los
derivados por los supuestos previstos en el Art. 152 bis el Cód. Civil, es juez
competente el del lugar del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado, y,
en su defecto, el de su residencia. En los procesos de rehabilitación, la
competencia corresponde al juez que declaró la interdicción.
Las
restantes reglas de competencia sobre dichas cuestiones se hallan establecidas
en las leyes de fondo, siendo las principales las siguientes:
-
Cuando se deduzcan pretensiones o peticiones respecto de la
gestión de los tutores o curadores, así como las relativas a las personas y
bienes de los incapaces, administración, remoción, etc., el juez competente
será el que lo sea para el discernimiento de la tutela o curatela, aunque los bienes administrados
estén fuera del lugar que abrace su jurisdicción.
-
La declaración del día presuntivo de fallecimiento debe pedirse
ante el juez del último domicilio o residencia del ausente.
-
Es el juez o tribunal del domicilio del adoptante, o del lugar
donde se acordó la guarda, quien debe conocer en el juicio de adopción.
-
En materia de peticiones extracontenciosas, el CPN instituye el
principio general conforme al cual, salvo en el proceso sucesorio o disposición
en contrario, es juez competente para conocer de ellas el juez del domicilio de
la persona en cuyo interés se promueven.
Competencia
por Razón del Grado:
La
competencia funcional o por el grado supone la división del proceso en diversas
instancias, en cada uno de las cuales el conocimiento del asunto se halla
encomendado a jueces distintos. El ordenamiento procesal nacional en materia
civil, comercial, laboral y contencioso – administrativo se haya estructurado
sobre el sistema de la doble instancia, en virtud del cual el conocimiento
inicial del proceso corresponde a órganos unipersonales (juzgados) cuyas
resoluciones son susceptibles de recursos ante tribunales colegiados (cámaras
de apelaciones). El principio admite excepciones fundadas en el valor de las
causas, pues son irrecurribles las sentencias
dictadas por los jueces federales y por los jueces nacionales en lo
civil y comercial en los asuntos en los que el monto cuestionado no exceda de
determinada cantidad de pesos.
Dicho
ordenamiento prevé la posibilidad de un tercer grado de conocimiento en el
supuesto excepcional del recurso ordinario ante
la Corte Suprema
y en
los casos en que proceden los recursos extraordinarios ante dicho tribunal y de
inaplicabilidad de la ley ante las cámaras nacionales reunidas en pleno.
Corresponde tener presente que en estas tres últimas hipótesis la competencia
de los respectivos tribunales se halla, en principio, limitada a la revisión de
las cuestiones de derecho y no configura, por lo tanto, el ejercicio de una
tercera instancia.
El
régimen es distinto en materia penal, pues si bien la instrucción se halla
sujeta al sistema de la doble instancia, el juicio se desarrolla ante
tribunales orales de instancia única, cuyas sentencias solo son susceptibles de
recursos extraordinarios de casación e inconstitucionalidad ante
la Cámara Nacional
de Casación Penal, así como el recurso extraordinario federal ante
la Corte Suprema.
También,
en la etapa del juicio, actúan en instancia única los jueces en lo correccional
y los tribunales y jueces de menores.
La
competencia funcional reviste los siguientes caracteres:
-
El tribunal de Segunda Instancia no actúa como superior jerárquico
del juez inferior, los recursos no tienen por objeto homologar lo actuado por
este último sino perfeccionar el conocimiento del asunto mediante la revisión
de la sentencia recurrida, y su ulterior modificación, anulación o
confirmación. Se trata de una distinta competencia por razón de la actividad
que ejercen los jueces y no de una graduación de estos por su importancia.
-
Los tribunales de apelación no pueden fallar en segunda instancia
sobre ningún capítulo que no hubiese propuesto a la decisión del inferior,
salvo intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos
posteriores a la sentencia de primera instancia, ni sobre ninguna cuestión
respecto de la cual no haya mediado agravio concreto del recurrente.
-
Las cámaras nacionales de apelaciones ejercen su competencia
funcional mediante el conocimiento de los recursos interpuestos contra las
resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia de los cuales son
tribunales de alzada. Dichas cámaras ejercen la misma competencia por razón del
territorio y de la materia que los respectivos jueces de primera instancia.
Así,
la Cámara
Nacional
de Apelaciones en lo Civil conoce de los recursos
contra las resoluciones de las Municipalidades, en asuntos de carácter
contencioso – administrativo.
La Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial
conoce de los recursos contra las resoluciones definitivas mediante las cuales
la Comisión Nacional
de Valores aplique determinadas sanciones.
La Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo entienden en los recursos que las leyes sometan a su
conocimiento, así como de aquellos instituidos por las leyes contra
resoluciones de la autoridad administrativa que sancionen infracciones a las
normas legales o reglamentarias del derecho del trabajo.
Excepciones a las
Reglas de Competencia
Sea a raíz de una declaración de
voluntad expresa o tácita de las partes o de una disposición legal, las reglas
generales en materia de competencia pueden sufrir excepciones, en forma tal que
se detraiga el conocimiento de una o de varias causas que, de acuerdo con esas
reglas, encuadran dentro de la competencia, y se las asigne al conocimiento de
un órgano distinto.
Dicho
desplazamiento se verifica por conformidad de partes en los supuestos de
competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales y cuando la
competencia federal corresponde por razón de las personas. El desplazamiento de
la competencia por disposición legal funciona en la hipótesis de conexión y de
fuero de atracción.
Existe
conexión cuando dos o más pretensiones tienen en común alguno de sus elementos
objetivos (objeto o causa), o se hallan vinculadas por la naturaleza de las
cuestiones involucradas en ellas.
En la
primera de las hipótesis cabe hablar de una conexión sustancial que produce un
desplazamiento de la competencia fundado, en términos generales, en la
necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias. Ocurre en
los casos de acumulación subjetiva de pretensiones y de acumulación de
procesos, los cuales comportan una excepción a las reglas que gobiernan la
competencia ordinaria por razón de la materia civil y comercial.
En la segunda de las hipótesis media una
conexión instrumental, la que produce el mismo resultado a raíz de la
conveniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en
un proceso determinado quien también lo sea para conocer de las pretensiones,
accesorias o no, relacionadas con la materia controvertida en dicho proceso.
El Art.
6 del CPN, con las adecuaciones resultantes de los Art. 227 y 228 del Cód.
Civil, disponen que será juez competente:
-
En
los incidentes, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de
acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de
sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el
proceso, y pretensiones accesorias en general, el del proceso principal.
-
En
los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el
del juicio de divorcio o nulidad de matrimonio.
-
En
la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas y litis
expensas, el del juicio de separación personal, divorcio vincular o nulidad,
mientras durare la tramitación de estos últimos.
-
Respecto
de los juicios de alimentos, el Art. 228 del Cód. Civil establecen que deben
radicarse ante el juez que entendió en los juicios de separación personal,
divorcio vincular o nulidad, resultando, por lo tanto, indiferente que aquellos
se encuentren en trámite o hayan concluido. En cambio, si tales juicios no
existen ni existieron es competente, a opción del actor: el juez del domicilio
conyugal, el del domicilio del demandado, el de la residencia habitual del
acreedor alimentario, el del lugar de conocimiento de la obligación o el del
lugar de celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con
la residencia del demandado.
-
En
las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso
principal.
-
En
el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio
en que aquel se hará valer.
-
En
el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que
entendió en este.
-
En
el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el Art. 208, el
que decretó las medidas cautelares ; en el supuesto
del Art. 196, aquel cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva
fijada.
Razones de importancia práctica y el
interés general de la justicia,
aconsejan que sea un solo juez el que entienda en ciertas cuestiones
vinculadas a los bienes que han de ser recaudados, liquidados y transmitidos
bajo su dirección. De tal circunstancia deriva el llamado fuero de atracción,
el juez conoce en un proceso universal, sucesión o quiebra, es competente para
entender en las pretensiones relacionadas con el patrimonio o los derechos
sobre que versa dicho proceso
Con respecto al juicio sucesorio,
determina el Art. 3284 del Cód. Civil que ante los jueces del lugar del último
domicilio del difunto debe entablarse:
-
Las
demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive,
cuando son interpuestos por alguno de los sucesores universales contra sus
coherederos.
-
Las
demandas relativas a las garantías de los lotes entre los copartícipes, y las
que tiendan a la reforma o nulidad de la
partición.
-
Las
demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque
sean a título particular, como sobre la entrega de los legados.
-
Las
pretensiones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de
la herencia. Las pretensiones personales activas, y las pretensiones reales, en
cambio, no se hallan incluidas en el fuero de atracción del juicio sucesorio y
se rigen por las reglas comunes
El fuero de atracción de la sucesión
concluye con la partición, ya que desde el momento en que ella tiene lugar cada
heredero queda desvinculado de los restantes y se juzga que ha recibido su
derecho del causante. No basta el hecho de haberse inscripto la declaratoria de
herederos o el testamento
Si el
difunto no hubiere dejado más que un solo heredero, las acciones deben
dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero, después que haya
aceptado la herencia.
La
declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las
acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen
derechos patrimoniales, salvo los juicios de expropiación, los fundados en
relaciones de familia y los laborales en etapa de conocimiento. El trámite de
los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra se halla firme;
hasta entonces se prosiguen con el síndico, sin que puedan realizarse actos de
ejecución forzada.
El fuero
de atracción del juzgado de la quiebra, como se advierte, reviste mayor
amplitud que en el proceso sucesorio, pues comprende tanto las pretensiones
personales como las pretensiones reales deducidas contra el fallido.
Competencia
Federal.
Concepto y
Caracteres:
Es la
facultad reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de
la Nación
para ejercer
sus funciones en los casos, respecto de las personas y en los lugares
especialmente determinados por
la Constitución
Nacional.
La Constitución Nacional
determina en los art. 116 y 117, los asuntos cuyo conocimiento incumbe a la
justicia federal. Dice el art. 116: “ Corresponde a
la Corte Suprema
a los
tribunales inferiores de
la
Nación
, el conocimiento y decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por
la Constitución Nacional
y por las leyes de
la
Nación
con la reserva hecha en el inciso 12 del art. 75 y por
los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a
embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de
almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que
la Nación
sea parte; de
las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y
los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una
provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero”. Y agrega el
art. 117: “En estos casos
la
Corte Suprema
ejercerá su jurisdicción por apelación según
las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos
concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que
alguna provincia sea parte, los ejercerá originaria y exclusivamente.
La
competencia federal reviste los siguientes caracteres:
-
Limitada,
no puede ejercerse fuera de los casos expresamente enumerados en las
disposiciones constitucionales mencionadas.
-
Privativa,
y por lo tanto, excluyente de la de los tribunales de provincia. Tratándose de
causas constitucionales asignadas al conocimiento de los jueces federales,
aquellos deban declarar su incompetencia, incluso de oficio, en cualquier
estado del pleito.
-
Es
improrrogable en el supuesto de ser precedente por razón de la materia. Siempre
que en pleito civil un extranjero demande a una provincia, o un ciudadano, o
bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez o
tribunal de provincia, o cuando siendo demandados el extranjero o el vecino de
otra provincia, contesten a la demanda sin oponer la excepción de declinatoria,
se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se sustanciará, y
decidirá por los tribunales provinciales; y no podrá ser traída a la
jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en
el art. 14. Es por lo tanto prorrogable la jurisdicción federal por razón de
las personas.
Competencia de
los Tribunales Federales Inferiores:
a) Por
razón de la materia, incumbe a la competencia federal conocer en las:
1º) Causas especialmente regidas por
la Constitución
Nacional.
Para que corresponda la competencia federal es
necesario que el derecho que en cuya virtud se demanda se encuentre directa e
inmediatamente fundado en una norma constitucional. No basta la circunstancia
de que los derechos que se dicen violados estén garantizados por
la CN
, pues en la medida en que
los códigos comunes tienden a reglamentar o a hacer efectivos derechos y
garantías constitucionales, aquel criterio comportaría una considerable e
inadmisible limitación de la competencia de los jueces provinciales, en la
interpretación y aplicación de dichos códigos. Cuando se trata de demandas por
inconstitucionalidad de impuestos provinciales, la jurisprudencia ha
establecido que solo pueden ser deducidas ante la justicia federal si ha
mediado protesta. En caso contrario, la causa es de competencia de los jueces
provinciales, sin perjuicio de que el contribuyente deduzca oportunamente el
recurso extraordinario que autoriza el art. 14 de
la Ley
48.
2º) Causas especialmente regidas por leyes del Congreso.
Se trata de las leyes sancionadas por el Congreso en ejercicio de las
potestades que le acuerda el art. 75 de
la Constitución
,
las que dicta para todo el territorio de
la Nación
, y que no
estén comprendidas en las materias que corresponden a los códigos de fondo. Es
también presupuesta de la competencia federal que el derecho invocado se funde
directa e inmediatamente en una ley nacional.
3º) Causas especialmente regidas por los tratados con las
naciones extranjeras. Como en los dos casos anteriores, el derecho invocado
debe estar directa e inmediatamente fundado en alguna disposición del tratado,
salvo que ésta forme parte de la legislación común.
4º) Causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Son
las que se refieren a los actos que han tenido lugar en el mar y a los actos y
contratos referentes a la navegación. La competencia federal en estas causas
presuponen que tales se relacionen directamente con la navegación y el comercio
marítimo que son, según la jurisprudencia de
la Corte
, los que se cumplen
entre un puerto de
la
República
y otro extranjero, o entre dos provincias con ríos
interiores declarados libres para todas las banderas. El Código Aeronáutico
dispone que corresponde a la justicia federal el
conocimiento y decisión de las causas que versen sobre navegación aérea o
comercio aéreo en general y de los delitos que puedan afectarlos.
5º) Causas concernientes a hechos, actos y contratos
relativos a los medios de transporte terrestre, con excepción de las acciones
civiles por reparación de daños y perjuicios causados por delitos y
cuasidelitos. La justicia federal es competente para conocer en todas aquellas
pretensiones por resarcimiento de daños. En lo que concierna a los jueces
federales de las provincias, el conocimiento de esta clase de asuntos se hallan
supeditados a las circunstancias de que ellos versen sobre hechos, actos y
contratos relativos a los medios de transporte que liguen a
la Capital Federal
o
un territorio nacional con una provincia o dos provincias entre sí, o un punto
cualquiera de
la Nación
con un estado extranjero y siempre, además, que la pretensión se funde, en
forma directa e inmediata, en normas dictadas por el gobierno nacional en
ejercicio de la facultad que le confiere el art. 75 inciso 13 de
la Constitución.
Por
razón de personas compete a los jueces federales conocer en:
1º) Las causas en que
la Nación
sea parte. La
norma comprende el Estado Nacional, a sus entes descentralizados y a las
empresas del Estado.
2º) Las causas civiles en que sean parte un vecino de la
provincia en que se suscite el pleito u vecino de otra. Para que proceda el
fuero federal por razón de distinta vecindad es necesario que ambos litigantes
sean argentinos y que quien lo invoque sea vecino de extraña provincia, por
cuanto a nadie le es dado declinar los jueces de su propio fuero. Además es
necesario que el derecho que se disputa pertenezca originariamente y no por
cesión o mandato a quien lo hace valer en juicio.
3º) Las causas civiles en que sea parte un ciudadano
argentino y otro extranjero. El fuero federal en razón de la distinta
nacionalidad constituye un privilegio instituido exclusivamente en beneficio
del extranjero, quien por lo tanto puede renunciarlo expresa o tácitamente; pero
el extranjero demandado por un argentino ante la justicia federal no puede
declinar la competencia de esta. Los estados extranjeros pueden ser también
demandados ante la justicia federal, siempre que renuncien al privilegio de
exención de jurisdicción.
4º) Las causas que versen sobre negocios particulares de
los cónsules extranjeros y todas las concernientes a los vicecónsules
extranjeros. Cuando se trata de cónsules, la competencia de los jueces
federales de primera instancia se halla circunscripta a las causas referentes a
sus negocios particulares, pues las que versan sobre los privilegios y
exenciones de aquellos en su carácter público, incumben a
la Corte
en instancia
Originaria y exclusiva. El privilegio del fuero federal corresponde solamente a
la persona del cónsul y no al personal del Consulado: dependientes, sirvientes,
familiares.
La competencia de la justicia federal
por razón del lugar se vincula con la cuestión atinente al alcance de los
poderes otorgados al Estado Nacional por el art. 75 inciso 30 de
la Constitución
,
para ejercer potestades legislativas y judiciales en los lugares adquiridos por
compra o cesión en cualquiera de las provincias con el fin de instalar allí
establecimientos de utilidad nacional.
Los jueces federales con asiento en
las provincias tienen también competencia para conocer, en grado de apelación,
de resoluciones dictadas por organismos administrativos. Tal atribución les ha sido acordada por
diversas leyes especiales como las de defensa agrícola, policía sanitaria, policía
vegetal, armas, explosivos, etc
Competencia
de
la Corte Suprema
de Justicia de
la
Nación.
La
competencia de
la Corte
Suprema
está actualmente reglamentada por el art. 24 del
decreto – ley 1285/58, con las modificaciones introducidas por diferentes
leyes. Dicho tribunal tiene competencia originaria y apelada, habiendo sido
establecida la primera, como regla, atendiendo a las personas intervinientes en
las causas, y la segunda, teniendo en cuenta las personas, la materia y la
importancia del asunto.
La Corte
conoce originariamente
y exclusivamente:
1º) En todos los asuntos que versan entre dos o más
provincias y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra o
ciudadanos o súbditos extranjeros. Deben considerarse vecinos a los efectos de
la competencia originaria: a) las personas físicas domiciliadas en el país
desde 2 o más años antes de la iniciación de la demanda, cualquiera que sea su
nacionalidad; b) las personas jurídicas de derecho público del país; c) las
demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país; d) las
sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando en la totalidad de
sus miembros se halle en la situación prevista en el inciso a). En cuanto a la
forma de adquirirse la vecindad en determinada provincia, rige lo dispuesto por
el art. 11 de
la Ley
48.
2º) En los asuntos que versen entre una provincia y un
estado extranjero.
3º) En las causas concernientes a embajadores u otros
ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y
a los individuos de su familia, del modo que una Corte de justicia puede
proceder con arreglo al derecho de gentes. Son causas concernientes a
embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las que les afecten
directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque
comprometen su responsabilidad, así como en las que en la misma forma afecten a
las personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga
carácter diplomático.
4º) En las causas que versen sobre privilegios y
exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público. Son causas
concernientes a cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos
en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su
responsabilidad civil o criminal.
La
Corte
tiene competencia apelada extraordinaria cuando conoce en las causas por vía
del recurso extraordinario y en los recursos directos deducidos con motivo de
la denegatoria de aquel.
Ejerce competencia apelada
ordinaria con motivo de:
1º) El recurso de apelación que prevé el art. 4 de
la Ley
4055 contra las sentencias
dictadas en materia federal por
la Cámara Nacional
de Casación Penal en los recursos
de revisión deducidos con arreglo a lo dispuesto por el art. 479 del Código
Procesal penal de
la
Nación.
2º) Los recursos
ordinarios de apelación contra las sentencias definitivas de las Cámaras nacionales de Apelaciones, en
los siguientes casos: a) Causas en que
la Nación
directa o indirectamente sea parte, cuando
el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a
determinada cantidad de pesos; b) Extradición de criminales reclamados por
países extranjeros; c) Causas a que dieren lugar los apresamientos o embargos
marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamiento militar y sobre nacionalidad
del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles
3º) Los recursos contra las sentencias definitivas de
la Cámara
nacional de
seguridad Social, cualquiera fuere el monto del juicio
4º) Los recursos directos que sean consecuencia de la
denegatoria de los recursos mencionados precedentemente.
Finalmente, corresponde a
la Corte Suprema
conocer de:
1º) Los recursos de queja por retardo de justicia en
contra de las cámaras nacionales de apelaciones.
2º) Las cuestiones de competencia y los conflictos que en
juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano
superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o
conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo
caso serán resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese
conocido.
Cuestiones
de Competencia.
Concepto, Clases
y Procedimientos:
Existe
cuestión de competencia cuando se desconoce, sea por alguna de las partes, o
por otro juez, la facultad de conocer en determinado proceso.
Dichas
cuestiones pueden originarse mediante el uso de dos vías procesales denominadas
declinatoria e inhibitoria, aunque también cabe la posibilidad de que ellas
sean planteadas de oficio por los jueces.
Mediante
la declinatoria el demandado se presenta ante el juez que lo citó y le pide un
pronunciamiento negativo acerca de su competencia, en tanto que por la
inhibitoria, aquel se presenta ante el juez que cree es competente, pidiéndole
que así lo declare y remita un oficio o exhorto inhibitorio al juez que está
conociendo en la causa a fin de que se abstenga de continuar conociendo de
ella.
Las
partes pueden utilizar una u otra vía, salvo que la cuestión comprenda a jueces
que ejercen la misma competencia territorial, en cuyo caso solo procede el
planteamiento de la declinatoria. En ambos supuestos se requiere que no se haya
consentido la competencia que se reclama. Además, la declinatoria y la
inhibitoria se excluyen recíprocamente.
En cuanto al procedimiento, el Art. 8
del CPN dispone:
Art. 8. Declinatoria e
inhibitoria. La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas
y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente.
La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de
oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare
establecido como previo en el proceso de que se trata.
En el
proceso ordinario debe plantearse como excepción la incompetencia dentro de los
primeros 10 días del plazo para contestar la demanda o la reconvención, en su
caso. En el proceso sumario, en cambio, debe deducirse al contestar la demanda.
La cuestión de competencia por
inhibitoria se inicia mediante escrito presentado ante juez que la parte
entienda competente, en el cual corresponde formular una reseña de la demanda y
de los antecedentes susceptibles de justificar la competencia de aquel. Al
referirse al planteamiento y decisión de la inhibitoria, el Art. 9 dispone:
Art. 9. Planteamiento y decisión de la inhibitoria. Si
entablada la inhibitoria el juez se declarase competente, librará oficio o
exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la
cuestión de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para
fundar su competencia.
Solicitará asimismo, la remisión del expediente o, en su
defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda
La
resolución sólo será apelable si se declarase incompetente.
En
cuanto al trámite de la inhibitoria ante el juez requerido, una vez recibido el
oficio o exhorto, aquel se pronunciará aceptando o no la inhibición. En el
primer caso su resolución será apelable y una vez consentida o ejecutoriada
remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que
comparezcan ante él a usar su derecho. En cambio, si mantuviere su competencia,
enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para
dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para que
remita las suyas.
Mientras
dure la contienda, ambos jueces suspenderán los procedimientos sobre lo
principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya
omisión pudiere resultar perjuicio irreparable, Art. 12 CPN.
Modos
de Dirimir las Cuestiones de Competencia:
Dispone
el Art. 11 del CPN:
Art. 11. Trámite de la
inhibitoria ante el tribunal superior. Dentro de los cinco días de recibidas
las actuaciones de ambos jueces, el tribunal superior resolverá la contienda
sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al
otro por oficio o exhorto.
Si el juez
que requirió la inhibitoria no remitiere las actuaciones dentro de un plazo
prudencial a juicio del tribunal superior, éste lo intimará para que lo haga en
un plazo de diez a quince días, según la distancia, bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido de su pretensión.
La Corte Suprema
es
tribunal competente cuando la contienda se suscite entre jueces que no tengan
un órgano superior jerárquico común, quedando excluidas de su competencia las
cuestiones o conflictos que se planteen entre jueces nacionales de primera
instancia, los que deben ser resueltos por la cámara de que depende el juez que
primero hubiere conocido. Asimismo,
la
Corte
debe decidir sobre el juez competente en los casos en
que su intervención es necesaria para evitar una efectiva privación de
justicia.
La Corte Suprema
de
Justicia tiene competencia para resolver los conflictos que se susciten entre
jueces o tribunales de distintas provincias, o entre jueces nacionales y
provinciales. En ejercicio de esa facultad,
la Corte
debe declarar la competencia del juez o
tribunal que realmente la tenga, aunque tal juez o tribunal no haya intervenido
en la contienda.
La
segunda parte de la norma se refiere a los denominados conflictos negativos de
competencia, los cuales tienen lugar cuando, habiéndose declarado incompetente
un juez o tribunal, sea de oficio o en razón de haber prosperado una excepción
de incompetencia, la misma declaración es emitida por el juez o tribunal ante
el cual el actor ocurre en segundo término.
La Corte
solo interviene, en tales casos, cuando los
jueces o tribunales no tengan un superior jerárquico común que deba resolver la
contienda.
El Art. 13 dispone:
Art. 13. Contienda negativa y conocimiento
simultáneo. En caso de contienda negativa o cuando dos o más jueces se
encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear
la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos
9 a
12.
La
remisión de estas normas debe entenderse en el sentido de que ellas son
aplicables en cuanto sea pertinente, pues algunas, como las referentes al
régimen de recursos, a la suspensión de los procedimientos, y al apercibimiento
que puede formular el tribunal superior, no se adecuan a la índole de este tipo
de contienda.-
BIBLIOGRAFIA
- Dioguardi
Juana, Teoría
General del proceso: Lexis Nexis 2004 Bs. As.
- Couture
Eduardo J.
Fundamentos del derecho procesal Civil: Tercera
edición Ed.
Depalma, 1990 Bs. As.
- Mosset
Iturraspe, Jorge
El Error Judicial: ed. Rubinzal 1999 Santa Fe
- Berizonce,
Roberto O.
El juez y
la
Magistratura.
ed. Rubinzal 1999 Santa Fe
- Véscovi,
Enrique Teoría
General del Proceso., ed. Temis 1984 Bogotá
- Devis
Echandía Teoría General del Proceso TI y TII ed. Universidad
1985 Bs. As.
- FALCON,
Enrique
El proceso de Conocimiento, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2002.
- Constitución
Nacional
- Código
Procesal
Civil y Comercial de
la
Porvincia
de Buenos Aires o
- Código
Procesal Civil
y Comercial de Nación (obligatorio)
- Palacio,
Lino Enrique. Manual
de Derecho Proc. Civil. Ed. Abeledo Perrot -1996.-
- Moras Mon,
Jorge.
Manual de Derecho Penal. Ed. Abeledo Perrot.
|
.gif){kind=small}
.gif){kind=small}
.gif){kind=small}
